La preocupación en la Comunitat Valenciana aumenta ante la inminente llegada de 500 menores migrantes, un plan que la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha calificado como "inviable" y "una agresión a nuestra autonomía".

Durante una reciente visita a un Centro de Acogida de Menores en València, Camarero manifestó su desacuerdo con las decisiones tomadas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid, las cuales consideró "políticas y no basadas en criterios objetivos". Según ella, el reparto propuesto es simplemente un mecanismo que ignora la realidad de la capacidad de acogida en la región.

La consellera subrayó que los centros de acogida en la comunidad ya operan al 160% de su capacidad, albergando a entre 470 y 480 menores, mientras que el proyecto actual solo cuenta con 317 plazas disponibles. "Imponer un incremento de esa magnitud significaría un colapso total del sistema de protección y un deterioro grave en la calidad de vida de los menores", advirtió Camarero.

Además, Camarero enfatizó la solidaridad mostrada por la Comunitat Valenciana en los últimos años, señalando que se han atendido a menores de otras comunidades y situaciones difíciles, sin recibir el apoyo financiero adecuado del gobierno central. "Recibimos a menores que llegan por pateras, pero el Gobierno no aporta los recursos necesarios", afirmó.

La vicepresidenta también destacó que el sistema de protección valenciano ha crecido un 66%, en contraste con la gestión anterior, que contaba con una capacidad significativamente menor. Criticó a los partidos en el poder, PSPV y Compromís, por su falta de sensibilidad hacia la situación de los menores y por su incapacidad para ofrecer un sistema de acogida adecuado.

Respecto al recurso de inconstitucionalidad que planean presentar contra un reciente Real Decreto-Ley del Gobierno, Camarero informó que el mismo se encuentra en evaluación en el Consell Jurídic Consultiu (CJC). En cuanto se reciba el informe correspondiente, el recurso será presentado de manera "inmediata" ante el Tribunal Constitucional.

Caminar por esta senda de tensiones no ha sido sencillo, y Camarero exigió que el Gobierno deje de invadir las competencias de la comunidad en asuntos de menores. A su juicio, no es justo que la Comunitat Valenciana tenga que asumir la responsabilidad de un sistema que debería ser gestionado a nivel nacional.

El Gobierno central, con un presupuesto significativamente mayor, no puede eludir su responsabilidad, según Camarero, quien critica la falta de una política migratoria coherente que ha llevado a una "explosión" en la llegada de menores. "Si no se aborda el problema de raíz, seguiremos enfrentando situaciones similares en el futuro", advirtió.

Camarero también denunció que, al llegar a la mayoría de edad, muchos de estos jóvenes quedan desamparados debido a la falta de recursos y políticas de atención adecuadas. La consellera concluyó reafirmando el compromiso de la Comunitat Valenciana con la responsabilidad y la dignidad en el tratamiento de los menores migrantes, aunque eso signifique oponerse a medidas que considera irresponsables.