La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha tachado de "inaceptable" el manejo del contrato de las pulseras de protección para víctimas de violencia de género, señalando que cerca de 500 mujeres en la Comunitat Valenciana podrían haber sido afectadas por esta situación.

En una reciente comparecencia, Camarero se refirió a las declaraciones de la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, sobre la supuesta efectividad de estos dispositivos. La portavoz ha exigido a Bernabé y al Gobierno central que reconozcan los errores y busquen soluciones inmediatas, calificando de "irresponsable" minimizar el problema que enfrentan muchas mujeres en nuestra sociedad.

A pesar de que Bernabé defendió la seguridad de las pulseras, argumentando que no ha habido muertes entre las usuarias, Camarero respondió con contundencia, subrayando que ha habido múltiples reportes alarmantes sobre mujeres en situaciones de riesgo incluso con estos dispositivos operativos.

Con un claro sentido de urgencia, Camarero criticó la gestión reciente del Gobierno de Pedro Sánchez en este ámbito. Afirmó que este contrato deficiente representa una "chapuza" y que es vital que los responsables del Ejecutivo aclaren esta situación, especialmente dado el compromiso que hicieron de ser un Gobierno "feminista".

La también consellera de Servicios Sociales no escatimó en señalar las graves consecuencias de la legislación vigente, mencionando la ley del "solo sí es sí" y otros incidentes vinculados al Gobierno que, según ella, han puesto en la cuerda floja a las mujeres que buscan protección.

Además, Camarero insistió en que las autoridades deben abordar el tema de los quebrantamientos de condena de los maltratadores, ya que la falta de información sobre sus respectivos casos puede dejar desprotegidas a las mujeres que dependen de estas medidas de alejamiento.

La portavoz también destacó que las pulseras son una herramienta de protección para mujeres que se encuentran en situaciones de peligro extremo, advirtiendo que cualquier falla en su funcionamiento es una cuestión extremadamente grave. "Minimizar el problema es algo absolutamente irresponsable", aseguró.

En cuanto a los detalles sobre el uso de estos dispositivos en la Comunitat Valenciana, Camarero subrayó que se estima que alrededor de 500 mujeres los utilizan y que se necesita información clarificada sobre su situación para poder ofrecer el apoyo adecuado.

Por último, hizo un llamado a la delegada del Gobierno para que explique por qué no ha habido comunicación sobre estos asuntos a las consellerías y entidades encargadas de proteger a las mujeres, enfatizando la necesidad de una coordinación efectiva para evitar futuros problemas y garantizar la seguridad de aquellas que portan las pulseras.

Para concluir, Camarero se mostró firme en que es imprescindible asumir las responsabilidades y buscar respuestas, afirmando que en el contexto de la violencia de género no hay espacio para la ambigüedad. Con el reconocimiento de este error por parte del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, instó a las autoridades a actuar con mayor seriedad y compromiso.