VALÈNCIA, 7 de noviembre.

El Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer, situado en la provincia de Valencia, ha tomado la decisión de declarar como personas no gratas al presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, y a la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. Esta medida se ha adoptado en respuesta a la gestión de la devastadora dana ocurrida el 29 de octubre de 2024, así como a lo que se califica como una "falta de sensibilidad" hacia las víctimas afectadas por la tragedia.

El acuerdo, que fue propuesto por el grupo Compromís, contó con el respaldo de otras formaciones políticas como el PSPV, Vecinos de la Playa e Izquierda Unida. Aunque la original iniciativa planteaba solicitar la dimisión de Mazón, el presidente del Consell anunciaba su renuncia apenas un día antes de la votación. Finalmente, la moción fue aprobada en el pleno con nueve votos a favor y tres en contra, provenientes de los concejales del PP y Vox, según han indicado fuentes del consistorio.

El acuerdo no solo declara a Mazón y Camarero como "no gratos" en Canet d'en Berenguer, sino que también exige la convocatoria de elecciones autonómicas. Este acto se lleva a cabo como una forma de reprobación hacia su actuación y la aparente falta de empatía demostrada hacia quienes sufrieron por la dana y sus familias.

Además, el acuerdo solicita a la Generalitat que garantice una investigación clara sobre los eventos y que revise los protocolos de actuación ante emergencias climáticas severas, con vistas a mejorar la seguridad y protección de todos los ciudadanos.

El consistorio también expresa su apoyo a las familias que fueron afectadas por la situación catastrófica, así como a los profesionales de servicios de emergencia que actuaron con valor y entrega en condiciones extremas.

Durante la sesión plenaria, el concejal de Compromís, Alberto Valls, enfatizó que, un año después de los trágicos eventos, las consecuencias siguen frescas. Las secuelas emocionales y sociales permanecen presentes, especialmente para las familias de las víctimas, quienes aún esperan un gesto de reconocimiento institucional. Valls lamentó que, tras un año, estas familias no hayan recibido aún atención por parte del presidente de la Generalitat.

El concejal también hizo hincapié en la responsabilidad de Camarero en la falta de avisos a las residencias de ancianos durante la emergencia. Destacó que más allá de las responsabilidades legales que puedan adjudicar los tribunales, existe una carga de responsabilidad política y moral que el Gobierno valenciano debe afrontar con respeto hacia las víctimas.

Por otro lado, Vox propuso una enmienda en la que exigía la dimisión de varias figuras clave del Gobierno, entre ellas, el ministro del Interior, Fernando Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, se incluyó una crítica a los grupos políticos PSOE, Sumar, PNV, Podemos, ERC, Junts y BNG, por no suspender el pleno del Congreso en un momento en que se contaba con 50 fallecidos. Sin embargo, la enmienda fue rechazada por todos los partidos presentes en la votación.