VALÈNCIA, 20 de septiembre.

Recientemente, la Policía Nacional llevó a cabo la detención de dos hombres, de 66 y 73 años, en la localidad de Bétera, ubicada en Valencia. Ambos están siendo investigados por presuntamente haber cometido delitos relacionados con la inmigración irregular y la falsificación de documentos. Se les acusa de haber empadronado a inmigrantes sin papeles en domicilios locales, cobrando entre 150 y 300 euros por cada inscripción.

La investigación se inició cuando la Policía Local de Bétera alertó a la Comisaría de Policía Nacional de Sagunt sobre un inusual número de empadronamientos de extranjeros en un reducido número de viviendas en el municipio. Aproximadamente, se contabilizaron unos 50 ciudadanos foráneos registrados en un total de cuatro domicilios, según comunicó la Jefatura de Policía.

A lo largo de las pesquisas, los agentes descubrieron que los detenidos no solo cobraban dinero a los inmigrantes para empadronarlos, sino que también los llevaban personalmente al registro municipal, donde realizaban las gestiones necesarias, a pesar de que los extranjeros no residían realmente en esas direcciones.

Como resultado de estos trámites irregularidades, se reveló que hasta ocho de estos ciudadanos en situación ilegal lograron obtener un permiso de residencia temporal, regularizando así su situación en España de forma fraudulenta.

Debido a estas acciones, los dos detenidos han sido arrestados por delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental. Las autoridades también han solicitado a la Subdelegación del Gobierno que revierta los permisos de residencia concedidos a estas ocho personas, argumentando que fueron obtenidos bajo premisas falsas.

Los hombres fueron liberados tras ser informados sobre su obligación de presentarse ante la justicia cuando sea necesario. La Policía Nacional ha enfatizado que permitir el registro de un extranjero en el padrón municipal, con la intención de lucrarse, sin que este sea el domicilio real del inmigrante, constituye una infracción grave de la Ley de Extranjería.

También subrayan que inducir o facilitar la inmigración clandestina, ya sea individualmente o en el ámbito de una organización, con ánimo de lucro, aunque no constituya un delito, puede acarrear sanciones oficiales severas, que oscilan entre los 10,001 y los 100,000 euros.