VALÈNCIA, 18 de noviembre. En un tono crítico, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha señalado que el Partido Popular podría verse obligado a pagar un alto precio por el apoyo que busca de Vox para la investidura de Juanfran Pérez Llorca, quien aspira a asumir la presidencia de la Generalitat tras la salida de Carlos Mazón. Baldoví, además, ha reiterado su demanda de un adelanto electoral en la Comunitat, argumentando que es esencial recuperar la voz del pueblo valenciano.

Estas declaraciones se produjeron después de que el PP anunciara su intención de registrar formalmente la candidatura de Pérez Llorca en Les Corts, tras una semana de negociaciones con Vox para asegurar su apoyo en la futura investidura.

Baldoví no ha escatimado en críticas hacia el nuevo candidato, a quien ha calificado de “Mazón 2” y ha pronosticado que el próximo Consell representará más de lo mismo. Según él, Pérez Llorca ha sido cómplice de la gestión de un Mazón que ha demostrado ser totalmente incompetente, como ya ha señalado Vox en anteriores ocasiones.

Al ser interrogado sobre las concesiones que el PP podría ofrecer a Vox para lograr sus votos, Baldoví ha enfatizado que no se tratará de cuestiones relacionadas con la atención a las víctimas o la mejora de servicios esenciales, sino de temas ideológicos que responden a la agenda política de Vox.

“Este acuerdo no se fundamenta en las necesidades reales de los valencianos, sino en los intereses electorales del PP y Vox, que buscan evitar nuevas elecciones”, ha afirmado Baldoví, quien insiste en que se haría más sensato convocar elecciones anticipadas para que los ciudadanos puedan decidir el rumbo que tomarán los próximos años de la Generalitat.

Asimismo, ha destacado que los valencianos no solo plantean que Mazón deje la presidencia, sino que también debería renunciar a su escaño y acudir a declarar ante el juez sobre su gestión durante la crisis provocada por la dana.

Baldoví ha reiterado su postura de que la mejor manera de cerrar esta fase política es devolviendo la voz a los ciudadanos y permitiendo que sean ellos quienes decidan su futuro, en lugar de dejar que los acuerdos se tomen en los despachos de Madrid.