VALÈNCIA, 9 de mayo. La coalición Compromís ha arremetido contra el Partido Popular (PP) y Vox, acusándolos de "atentar contra los derechos humanos" en el marco de las enmiendas presentadas a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para el año 2025. Joan Baldoví, síndic de Compromís, ha manifestado la intención de su grupo de llevar este asunto ante el Tribunal Constitucional (TC), en lucha contra lo que denominan el "gobierno de bárbaros" que rige la Comunitat Valenciana. “Desde el primer día hemos manifestado que actuaremos en Les Corts, en las calles y a través de la justicia”, ha declarado Baldoví.

Los miembros de Compromís se plantean presentar este recurso tras conocer la voluntad del PP y Vox de reformar la conocida Ley Trans de 2017, con el objetivo de que Vox la "neutralice". En una jornada de negociación el pasado jueves, ambas formaciones lograron acordar un total de 35 enmiendas que incluyen propuestas que abarcan desde la creación de una oficina para combatir la ocupación ilegal de viviendas, hasta la posibilidad de volver a ubicar elementos de "concordia" en sus lugares originales y la implementación de pruebas médicas para verificar la edad de migrantes no acompañados.

El síndic de Compromís ha puesto especial énfasis en dos propuestas específicas. La primera de ellas denuncia que "las personas sin nacionalidad española no deberían recibir ayudas por los daños causados por la dana". Alertó sobre el peligro que esta medida representa, poniendo de ejemplo la situación de una familia china que perdió a su hija y su negocio. “Es decir, son considerados aptos para pagar impuestos, pero no para recibir apoyo”, criticó Baldoví.

Para el representante de Compromís, esta medida evidencia "una crueldad y falta de humanidad". Agregó que le causa vergüenza como ciudadano, y a quienes se autodenominan cristianos, les debería dar aún más vergüenza, según sus opiniones.

La segunda enmienda que Baldoví mencionó se refiere a la regulación sobre terapias. Aseguró que se está discutiendo la posibilidad de ofrecer terapias de acompañamiento, siempre que sean voluntarias, mientras que se prohibirán tratamientos que supongan agresión o intimidación hacia personas trans. "Las terapias de conversión están completamente prohibidas", subrayó, criticando la misión de alterar la intimidad de los individuos y estigmatizarlos como enfermos.

Por su parte, Paula Espinosa, diputada de Compromís, resaltó el recurso de inconstitucionalidad presentado recientemente por una coalición que incluye a PSOE, Sumar, Esquerra Republicana y Podemos. Este recurso es contra un decreto ley del Consell que autoriza la construcción sobre tierras de huerta protegida tras la dana del 29 de octubre. Acusó al gobierno valenciano de “poner en jaque” las tierras de huerta mientras permite que la construcción avance en áreas propensas a inundaciones.

Espinosa argumentó que la modificación de la Ley de la Huerta, impulsada por el Consell, no tiene justificación si se considera la protección que ofrece ante desastres naturales, a pesar de lo que el gobierno intenta hacer creer. Defendió que esta normativa ha sido clave para salvaguardar la huerta de València y citó un informe de la Abogacía de la Generalitat que detalla la falta de urgencia o necesidad para cambiar la ley.

“El argumento de que la ley de la Huerta ha incrementado el abandono agrícola es falso, respaldado por diversos estudios”, enfatizó, criticando la actitud del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, quien, según ella, llegó a señalar a un catedrático universitario por su postura sobre la ley, un acto que calificó de “increíble”.

Espinosa denunció el abuso de poder del PP y Vox para modificar leyes y subrayó que tales prácticas no son la vía correcta de actuar. También lamentó la disolución del Consell de l'Horta, un organismo que permitía la participación ciudadana en decisiones sobre el campo valenciano.

Por su parte, Laura Chulià, portavoz adjunta del PP, defendió que las inundaciones del pasado octubre han demostrado que la Ley de la Huerta es poco efectiva y del anterior gobierno del Botànic. Con respecto al recurso al TC, afirmó que cada partido tiene derecho a actuar como estime conveniente, pero cuestionó la prioridad de debatir sobre la constitucionalidad de una ley fallida en vez de enfocarse en soluciones prácticas como las obras de prevención contra inundaciones.

Chulià también recalcó que los informes generados bajo la legislación del Consell de l'Horta han representado un obstáculo para la implementación de las obras necesarias, un punto que, según ella, ha sido reconocido incluso por ministros del gobierno actual. “Muchos de los daños y muertes en las recientes inundaciones podrían haberse evitado”, aseguró.

“Como alguien que vive en primera persona las consecuencias de la riada, no puedo aceptar que los valencianos tengan que esperar indefinidamente por estas obras. Es un tema de justicia y es hora de que se actúe. Los representantes valencianos deben concentrarse en exigir la realización de las obras preventivas que eviten estas tragedias”, concluyó.