Compromís planea impugnar Ley de Libertad Educativa ante el Tribunal Constitucional.

Compromís ha iniciado conversaciones con el Gobierno y los grupos parlamentarios del Congreso para impugnar la Ley de Libertad Educativa, aprobada anteriormente por PP y Vox en Les Corts. El objetivo es presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), con la posibilidad de que lo haga el Gobierno o un mínimo de 50 diputados antes de que finalice el mes.

En base a un informe jurídico contundente encargado por la coalición valencianista, se ha determinado que esta ley no respeta la legislación estatal y carece de un fundamento pedagógico sólido, según han anunciado el síndic en Les Corts, Joan Baldoví, y el portavoz de Educación, Gerard Fullana.

Baldoví ha expresado su preocupación por la falta de diálogo y enmiendas en la aprobación de la norma, destacando que limita la libertad de elección de lengua para los estudiantes valencianos al finalizar su educación obligatoria.

Fullana ha subrayado que la ley incumple numerosas leyes estatales y constitucionales, incluyendo la Constitución Española y la Ley Orgánica de Educación, entre otras. El informe jurídico también señala que la norma afectará negativamente al aprendizaje del valenciano y no justifica la adaptación lingüística individualizada.

El portavoz ha denunciado que la ley no garantiza la libertad educativa real, ya que las familias desconocerán la lengua de enseñanza en los centros y el proceso de admisión priorizará las elecciones de otras familias, incluso si no matriculan a sus hijos en dichos centros.

Además, se ha criticado la falta de equilibrio entre las dos lenguas cooficiales en la norma y la imposibilidad de que los padres elijan el idioma para cada materia de sus hijos durante los exámenes.

Compromís ha compartido el informe con su grupo en el Congreso y ha contactado con otras fuerzas parlamentarias e incluso con el Ministerio de Educación para tomar medidas legales contra esta ley. Aunque aún no hay un acuerdo con el PSOE al respecto, la coalición confía en que el TC pueda revocar o modificar la normativa en cuestión.