VALÈNCIA, 24 de marzo. En un movimiento que refleja el clamor ciudadano por un ajuste en las políticas de privilegios, Compromís ha anunciado su intención de llevar a cabo una reforma significativa en el estatuto que rige a los expresidentes de la Generalitat Valenciana. Esta propuesta busca especificamente eliminar la posibilidad de que estos exmandatarios, al dejar el cargo, perciban una remuneración anual de 75.000 euros durante un lapso de 15 años al integrarse en el Consell Jurídic Consultiu (CJC), un hecho que, según la coalición, es incomprensible para el público general.

De acuerdo con el actual estatuto, los expresidentes que hayan ocupado la presidencia durante al menos una legislatura completa se convierten en miembros natos del CJC por un período de 15 años. Para aquellos que hayan ejercido por un tiempo menor, la duración de su membresía se ajusta proporcionalmente, con un mínimo de dos años garantizados.

Joan Baldoví, representante de Compromís en Les Corts, ha señalado este lunes que existen claras razones que justifican la renuencia de Carlos Mazón a dimitir. Según Baldoví, Mazón busca preservar su estatus de aforado, continuar su influencia en la asignación de contratos, y asegurar su lugar, así como su salario, en el CJC tras finalizar su mandato.

Para contrarrestar esta práctica, la coalición impulsa una reforma que prohibiría a los expresidentes acceder al CJC después de su gestión. Baldoví ejemplificó al aclarar que, independientemente de cómo finalice su labor como presidente, Mazón no podría sumarse al CJC ni beneficiarse de esos 75.000 euros anuales.

Según el síndic de Compromís, esta iniciativa es una respuesta razonable a la inquietud social, destacando la falta de comprensión de los ciudadanos sobre la necesidad de que Mazón se sume a este organismo con una retribución tan elevada durante tanto tiempo. Baldoví ha expresado su esperanza de contar con el apoyo de todos los grupos políticos para hacer realidad esta reforma.

No solo se plantea esta modificación en términos de aplicación a Mazón, sino que se busca establecer un precedente para futuros expresidentes, impidiendo que accedan al CJC y cobren esa cantidad durante 15 años. La intención es que ningún exmandatario disfrute de esta prerrogativa económica.

Compromís es consciente de que para que esta reforma sea efectiva necesita el respaldo de tres quintos de la cámara Valenciana, lo que incluye la posibilidad de votes del Partido Popular. Baldoví ha dejado entrever sus dudas sobre si este partido apoyará el recorte de privilegios que propone.

En la misma línea, Baldoví ha criticado que Carlos Mazón no ha conocido otra fuente de ingresos que las posiciones públicas, lo que minimiza la relevancia de su papel en el CJC a su juicio. Cuestionó además qué méritos reales posee Mazón para ser parte de dicho órgano, enfatizando que este debate se encuentra latente entre los ciudadanos.