VALÈNCIA, 21 de julio.

La diputada de Compromís, Àgueda Micó, junto con su compañero de la coalición, Francesc Roig, ha presentado una petición formal al Defensor del Pueblo solicitando que se interponga un recurso de inconstitucionalidad contra ciertos aspectos de la ley 5/2025 del 30 de mayo. Esta ley, que establece medidas fiscales y organizativas para la Generalitat, también modifica la conocida como 'Ley Trans' de la Comunidad Valenciana.

Compromís sostiene que “esta legislación, promovida por el PP y Vox, altera de manera significativa la 'Ley Trans' valenciana, lo que comporta una violación de derechos fundamentales y de principios esenciales del marco constitucional, desvirtuando su objetivo garantista y eliminando varios derechos previamente asegurados a la población trans.”

Micó enfatiza que “estamos presenciando el primer recorte de derechos para la comunidad LGTBI en la historia democrática de Valencia. Este es el modelo que PP y Vox están instaurando en las regiones que gobiernan, y es una advertencia de lo que podría suceder si alguna vez obtienen el poder a nivel estatal. Atacan la diversidad, limitan derechos e intentan imponer su visión de la sociedad, excluyendo a quienes no comparten su ideología. A pesar de los intentos de defensa del Partido Popular, los hechos hablan por sí solos: han estado históricamente en contra de los derechos de las personas LGTBI,” dijo Micó en un comunicado.

Francesc Roig añadió que “esta ley es parte de un pacto oscuro entre Mazón y Vox que ha permitido que el presidente de la Generalitat continúe en el cargo con el apoyo de la extrema derecha. Es vergonzoso que la continuación de Mazón esté costando derechos a los más vulnerables, incluidas las personas LGTBI y especialmente las personas trans. Por eso lucharemos contra esta regresión legal también ante el Tribunal Constitucional.”

Desde la coalición, se argumenta que la ley infringe el principio de igualdad y no discriminación, según el artículo 14 de la Constitución. Esta nueva normativa debilita la protección contra la discriminación al eliminar la definición de “discriminación por error” y suprimir los términos “victimización secundaria” e “incumplimiento de acciones positivas”.

Adicionalmente, se denuncia un “menosprecio” del derecho al libre desarrollo de la personalidad, recogido en el artículo 10 de la Constitución, dado que la ley 5/2025 impone requisitos médicos y psicológicos a las personas trans, regresando a un enfoque que las clasifica como “personas enfermas”.

En tercer lugar, se señala que se vulnera el derecho a la integridad física y psíquica (artículos 15 y 10 CE) mediante la regulación ambigua sobre las terapias de conversión. En lugar de una prohibición clara, la nueva ley condiciona tal prohibición a la existencia de “agresión o intimidación” y permite un “acompañamiento voluntario”, lo que podría permitir prácticas dañinas que intentan modificar la identidad de género y que ponen en riesgo la integridad y autonomía de los individuos.

Asimismo, se indica que la ley afecta negativamente el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, amparados por el artículo 27 CE. La normativa elimina la obligación de que los proyectos educativos traten la diversidad de género y condiciona las actividades a la aprobación parental, lo que podría traducirse en una forma de “censura ideológica” en los colegios y poner en jaque la educación inclusiva, vulnerando así el derecho a una educación sin discriminaciones.

Finalmente, se menciona la posible vulneración del derecho a la intimidad (artículo 18 CE). Las “cláusulas de compatibilidad” en el acceso a espacios segregados por sexo pueden ser utilizadas para justificar la exclusión de personas trans, afectando su dignidad y privacidad e infringiendo el principio de no discriminación.

Desde Compromís, se ha señalado que ahora corresponde al Defensor del Pueblo evaluar la solicitud y decidir si procede a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por PP y Vox en el parlamento valenciano.