Vecinos y vecinas de la Vall de Pop, ubicada en la comarca alicantina de la Marina Alta, han entregado una carta dirigida a la ministra Teresa Ribera y una litografía dedicada a la lucha contra el PAI.

VALÈNCIA, 26 Oct.

En una concentración frente a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, miembros de Salvem la Vall expresaron su preocupación por el intento de ejecutar el PAI Medina Llíber, que contempla la construcción de 488 chalets de lujo con piscina en el paraje de la Muntanya Llarga, cerca de la Serra de Bèrnia.

Pep Garcés, representante de Salvem la Vall, destacó que la zona ha sufrido restricciones debido a la sequía y la sobreexplotación de recursos hídricos, lo cual se ha agravado este verano con una fuerte sequía que afecta a poblaciones como Llíber, Xaló, Alcalalí o Parcent.

Los manifestantes mostraron una pancarta con el lema 'Sense aigua no hi ha vida; sense paisatge no hi ha identitat', que representa la importancia del agua y el paisaje en la identidad de la zona.

Garcés criticó la actuación de la Confederación Hidrográfica del Xúquer al aprobar el permiso para el macro PAI, mientras se aplican restricciones a la población local, lo que considera una doble vara de medir que generará escasez de recursos hídricos en el futuro.

En una reunión con la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, miembros de Salvem la Vall pidieron que se tengan en cuenta las más de 750 alegaciones presentadas contra el proyecto. Además, entregaron una carta a Teresa Ribera y una litografía contra el PAI creada por Joan Castejón.

La plataforma denunció irregularidades en la solicitud del PAI, con datos manipulados sobre el consumo de agua y cambios en las cifras para obtener una aprobación favorable sin tener en cuenta las necesidades hídricas reales.

Los vecinos también cuestionaron la tramitación del proyecto liderada por el ex Comisario de Aigües, Marc Garcia, quien se incorporó al gobierno de Carlos Mazón después de coordinar el PAI de Llíber.

Se resaltó que el PAI se aprobó sin disponibilidad hídrica adecuada y con irregularidades ambientales pendientes de resolución desde 2001. Actualmente, el proyecto enfrenta demandas judiciales en contra en el juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante.