VALÈNCIA, 19 de diciembre.

Las fuerzas de seguridad del Estado han dado un golpe decisivo a la delincuencia organizada con la recentísima desarticulación de una red criminal que se dedicaba a la venta ilegal de gases fluorados. En una acción coordinada entre la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se han ejecutado once inspecciones en las provincias de Alicante, Valencia y Madrid, revelando un esquema de actividad subrepticia muy preocupante.

Durante este operativo, se han confiscado más de 4.700 envases y más de 48.000 kilogramos de gases fluorados, todos ellos sin la adecuada trazabilidad conforme a la legislación vigente sobre medio ambiente. Esta situación es alarmante, dado que dichos compuestos son utilizados principalmente en sistemas de refrigeración y climatización, y su potencial de calentamiento global supera miles de veces al del dióxido de carbono.

Las autoridades han indicado que los beneficios obtenidos de esta actividad ilegal se estaban blanqueando mediante el uso de sociedades pantalla y transferencias internacionales. Este método tiene como fin ocultar el rastro del dinero ante las miradas escrutadoras de las autoridades fiscales, complicando enormemente su capacidad de investigación.

El trabajo de los investigadores ha arrojado luz sobre la operación, que supuestamente comenzó a desarrollarse en España en el año 2023. La red había introducido en el mercado tanto nacional como internacional gases fluorados sin la debida autorización ni control, lo que representa una seria violación de la normativa medioambiental establecida.

Las once inspecciones realizadas han apuntado a negocios relacionados con nueve empresas, todas vinculadas de alguna manera a esta irregular actividad. En el total de la intervención, se han recuperado 4.781 envases y 48.515 kilogramos de gases, cuyo valor en el mercado podría ascender a alrededor de 3 millones de euros.

Como resultado de este dispositivo, se han detenido a cinco individuos que ya están a disposición judicial, acusados de delitos graves como contra el medio ambiente, contrabando, fraude fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Además, la investigación continúa abierta, lo que sugiere que podrían producirse futuras detenciones.

Los leales a la causa de la justicia han señalado que las indagaciones han revelado movimientos financieros significativos asociados a esta red delictiva, estimando que las operaciones económicas vinculadas podrían superar la cifra de 10 millones de euros. Este desmantelamiento es un claro mensaje de las autoridades sobre la importancia de la regulación y el cumplimiento de la ley en la protección del medio ambiente.