En la ciudad de València, Alfonso Grau, exvicealcalde y mano derecha de la exalcaldesa Rita Barberá, Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del PP en el Ayuntamiento, José Salinas, exdirector de la Fundación Turismo Valencia, y Juan Eduardo Santón, exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), se han sentado en el banquillo de los acusados por el conocido como 'caso pitufeo' de Imelsa.

La vista contra los cuatro acusados se ha iniciado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. Esta es la pieza A del caso Imelsa y las declaraciones de los acusados están programadas para los días 5 y 6 de febrero.

En total, hay cuatro acusados de las 49 personas que fueron procesadas, incluyendo al propio PP y concejales y asesores del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento en la época de Barberá como alcaldesa. Se les acusa de blanqueo en las elecciones municipales de 2015.

La Audiencia Provincial admitió los recursos presentados por los procesados, incluido el partido, y decretó el sobreseimiento de las actuaciones para todos, excepto los cuatro que finalmente enfrentan juicio. El Tribunal Supremo, por su parte, desestimó los recursos de queja contra los archivos acordados por el órgano provincial.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó hasta 15 años de prisión para Grau, siete para García Fuster y cinco para Santón y Salinas en su escrito de calificaciones provisionales. Sin embargo, la acusación por blanqueo finalmente no se contempla.

En el caso de Grau, se mantuvo su procesamiento y el auto del instructor lo señaló como "recaudador" de dinero para el PP en las elecciones de 2007 y 2011. José Salinas y Juan Eduardo Santón son considerados cooperadores de la malversación al consentir contratos, a través de las fundaciones que dirigían, "de vago contenido prestacional y una significada onerosidad, sin una explicación suficiente en su defensa".

En cuanto a García Fuster, será juzgada por presunto cohecho en los comicios de 2011. La Audiencia ordenó continuar la causa contra ella por la "supuesta percepción de dinero de origen desconocido pero vinculado no obstante a cobros de empresas por trabajos no demostrados o realizados con sobrecoste" en la campaña electoral de 2011.