VALÈNCIA, 21 de mayo. Las personas afectadas por la devastadora DANA que golpeó el 29 de octubre del año pasado están decididas a llevar su lucha al Tribunal Constitucional. Esto se debe a la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de no investigar la limpieza de los barrancos y su posible relación con la fatal riada.

La Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud-Valencia ha presentado su posición en el marco del procedimiento penal que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. Esta acción surge tras un fallo de la Audiencia que respalda las decisiones de la juez encargada de la causa.

El tribunal ha desestimado un recurso de la asociación que buscaba reconocer las lesiones psíquicas que sufrieron los afectados. En su resolución, se establece que la lesión psíquica debe ser consecuencia de una conducta metódica y calculada, lo que no se aplica a los eventos de la riada. La Audiencia señala que, aunque el agua era helada, la naturaleza del fenómeno no fue intencionada ni calculada, lo que, según su criterio, impide que se reconozcan daños psicológicos en quienes vivieron la tragedia.

Además, la Audiencia también rechazó la solicitud de la asociación para considerar un delito de omisión relacionado con el mantenimiento de cauces y barrancos. El tribunal argumenta que no existe una relación directa entre la falta de mantenimiento y los daños causados por las inclemencias meteorológicas que provocaron la DANA.

Desde la perspectiva de la Audiencia, la llegada de precipitaciones extraordinarias en un corto periodo de tiempo complicó aún más la situación. Según el tribunal, esos eventos independientemente de la falta de mantenimiento pueden haber contribuido de distintas maneras a los daños sufridos, lo que elimina la posibilidad de una relación de equivalencia entre la omisión y los efectos dañinos.

En lo que respecta al sistema de alertas, el tribunal también critica a la asociación por no identificar un mensaje específico que pudiera haber evitado daños. Señalan que no se explica cómo un mensaje de alerta hubiera podido equilibrar la protección de los bienes materiales y la salvaguarda de la vida y la integridad física de las personas.

Los miembros de la asociación han expresado su sorpresa ante la argumentación de la Audiencia, afirmando que todos los afectados son conscientes de que un aviso oportuno sobre la llegada de la riada habría podido salvar vidas. No se trata solo del contenido del mensaje, sino de la necesidad de una comunicación seria y anticipada por parte de las autoridades.

Asimismo, la asociación sugiere que el fallo reconoce implícitamente un delito de omisión de socorro por parte de las autoridades competentes, ya que muchos afectados se sintieron abandonados y desatendidos durante días. Este expediente debe ser investigado por separado, de acuerdo con lo indicado.

Con este panorama, la Asociación de Damnificados ha anunciado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, clasificando el fallo como "injusto, desacertado y perjudicial" para las víctimas de la catástrofe.