Las cifras de desaparecidos tras la reciente tragedia en la provincia de Valencia son alarmantes y reflejan la gravedad de la situación. Hasta las 20:00 horas del pasado martes, las oficinas 'ante mortem', habilitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en conjunto con médicos forenses, contabilizaban 89 casos activos de personas desaparecidas debido a la DANA y las inundaciones que azotaron la región el 29 de octubre. Esta información ha sido proporcionada por el Centro de Integración de Datos (CID), un organismo clave en la gestión de esta crisis.

Es importante destacar que estos 89 casos se limitan a aquellos en los que los familiares han presentado denuncias, aportando información relevante y muestras biológicas para facilitar la identificación de sus seres queridos. Esta aclaración fue realizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que subraya la urgencia de contar con información precisa y veraz en situaciones tan traumáticas.

El Tribunal ha hecho hincapié en que el número de denuncias activas no representa el total de desaparecidos, ya que podría haber muchas personas que aún no han sido reportadas oficialmente. Esta consideración es crítica, dado que se estima que la tragedia ha podido generar un número mayor de desaparecidos del que actualmente se tiene registro.

Asimismo, se ha informado que los 89 casos activos de desaparecidos deben relacionarse con el total de personas que han perdido la vida en este evento y que ya han sido sometidas a autopsia en el Instituto de Medicina Legal (IML). En este momento, el número de fallecidos que todavía esperan ser identificados asciende a 62.

Según el último balance del CID, se han realizado un total de 195 autopsias a lo largo de este trágico episodio, número que coincide con las personas que han ingresado en la morgue de la Ciudad de la Justicia de Valencia. De esa cifra, un total de 133 han sido identificadas, con 119 de ellas logrando ser reconocidas a través de un análisis de huellas dactilares y las restantes 14 utilizando muestras de ADN.

Para poder facilitar la identificación de los desaparecidos, es crucial que los familiares aporten la máxima cantidad de datos posible. En las oficinas 'ante mortem', se pueden entregar desde fotografías y reseñas personales hasta historias médicas, radiografías o pertenencias personales como tatuajes, fichas dentales y detalles de operaciones quirúrgicas. Este proceso es esencial para asegurar que el procedimiento de identificación sea lo más efectivo y respetuoso posible.

Dentro del protocolo de identificación, las muestras biológicas provenientes de familiares directos son de vital importancia. La entrega de objetos de uso personal que pertenecieran al desaparecido, como un cepillo de dientes o incluso una cuchilla de afeitar, puede incrementar significativamente la fiabilidad del perfil genético que se obtenga.

Las oficinas 'ante mortem' están convenientemente localizadas: la de la Guardia Civil en la Comandancia de Patraix, calle Calamocha 4; mientras que la de la Policía Nacional se halla en la Jefatura Superior de Policía, ubicada en la Gran Vía Ramón y Cajal, 42, ambas en la ciudad de Valencia. Adicionalmente, se han dispuesto oficinas móviles en diversas localidades para facilitar el acceso a los familiares que buscan reportar a sus seres queridos desaparecidos, evitando que tengan que trasladarse a la capital.

Estas oficinas móviles están ubicadas en Albal, Alfafar y Algemesí, donde se ofrece atención ininterrumpida de 9:00 a 21:00 horas. Esto refleja un esfuerzo adicional por parte de las autoridades para estar más cerca de la población afectada y brindar la asistencia necesaria en estos momentos tan difíciles.

El CID, como órgano técnico, cuenta con la colaboración de una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, integrando agentes especializados tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. Su principal función es coordinar y supervisar los informes de identificación de las personas que han perdido la vida en sucesos con múltiples víctimas, de acuerdo al Real Decreto 32/2009.

Este centro es el único autorizado para proporcionar cifras oficiales a los medios de comunicación, en virtud de dicho Real Decreto, lo que subraya su rol crucial en la gestión de crisis y en la transparencia informativa frente a un evento de tal magnitud y dolor.