Detenido en Picanya el fundador de Blocus España por coordinar saqueos
La Guardia Civil detiene en Picanya a un joven de 20 años acusado de liderar Blocus España, grupo que convocaba saqueos tras disturbios en Barcelona.
La Guardia Civil ha detenido en Picanya (Valencia) a un joven de 20 años al que señala como el presunto fundador y principal impulsor en España del movimiento Blocus. La investigación lo vincula con convocatorias difundidas en redes sociales que, bajo apariencia de protesta estudiantil, pretendían organizar saqueos en comercios y actos violentos.
Según la información facilitada por el cuerpo, el investigado habría creado y administrado grupos de Telegram desde los que se coordinaban estas acciones. Los hechos se relacionan con los disturbios del 24 de octubre en Barcelona, en los que participaron alrededor de 500 personas, y con una nueva movilización prevista para el 31 de octubre, coincidiendo con la noche de Halloween.
El método descrito combinaba captación en redes con mensajes atractivos y derivación progresiva a canales cada vez más cerrados. Los vídeos en TikTok y los carteles con códigos QR llevaban a grupos de WhatsApp y Telegram y, después, a canales privados. Las instrucciones incluían acudir con mochilas, material escolar y pancartas para aparentar una reivindicación estudiantil, y vestir de negro con máscaras para dificultar la identificación. Para los agentes, esa escenografía evidenciaba que la protesta servía de cobertura a acciones violentas planificadas.
Las investigaciones apuntan a que las conversaciones señalaban joyerías, tiendas de lujo y grandes almacenes como objetivos, y que algunos participantes llegaron a proponer incendios, incluido el del Ayuntamiento de Barcelona. También se detectaron medidas para borrar mensajes y trasladar la comunicación a canales más opacos. En un vídeo, un encapuchado que se presentaba como líder del movimiento justificaba la violencia alegando que las protestas pacíficas no tenían efecto alguno.
Los hechos investigados podrían constituir delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal, aunque la calificación definitiva dependerá de la instrucción judicial. El caso plantea un debate de fondo: el uso de discursos de malestar social, como la vivienda, la sanidad o la educación, para encuadrar acciones delictivas, y la dificultad de las autoridades para anticiparse a movimientos que se articulan con rapidez en plataformas digitales efímeras.
La Guardia Civil ha recordado que una convocatoria presentada como protesta no ampara saqueos, incendios ni agresiones, y ha pedido a familias y centros educativos atención a mensajes que animen a ocultar la identidad o cambiar de punto de reunión. El desarrollo de la causa será determinante para valorar hasta qué punto estas estructuras online tienen capacidad real de organización y qué respuesta jurídica y preventiva requiere un fenómeno que afecta especialmente a menores.