En el seno del Partido Popular (PP) ha surgido una creciente inquietud ante los recientes acontecimientos en la Comunidad Valenciana, específicamente en relación con la gestión de la crisis provocada por la DANA. Los errores cometidos por la Generalitat han llevado a muchos miembros del partido a cuestionar la continuidad de algunos de sus integrantes, sugiriendo la necesidad de "cortar cabezas" para recuperar la confianza del electorado. Varios dirigentes consultados por Europa Press coinciden en la necesidad de cambios en el Gobierno valenciano, empezando por la destitución de al menos dos consejeras, a saber, Nuria Montes y Salomé Pradas.

A pesar de que todos los miembros del PP coinciden en que la prioridad es encontrar a los desaparecidos y brindar apoyo a las familias afectadas, también reconocen que deben actuar ante el creciente descontento social hacia el presidente Mazón y su administración. Este malestar se tradujo en la reciente manifestación en Valencia, donde miles de ciudadanos pidieron la dimisión de Mazón, acusándolo de no haber gestionado adecuadamente la crisis. Aunque desde el PPCV se responsabiliza a grupos catalanistas de haber instigado la protesta, la preocupación por el clima de rechazo hacia el partido se intensifica.

Un presidente del PP, hablando en la intimidad, ha expresado que "Mazón no vio la magnitud de la tragedia y ahora está acorralado". Se ha formado una fuerte oposición, incluso con insultos, y muchos temen que la imagen del líder valenciano esté permanentemente dañada. Otro dirigente ha señalado que se han cometido errores graves y ha calificado a Mazón de "quemado y abrasado".

La situación se torna complicada para Mazón, quien podría verse incapaz de recuperarse. Algunos miembros creen que el foco debería dirigirse hacia la "inacción" del gobierno de Pedro Sánchez y la ausencia de su vicepresidenta, Teresa Ribera, sin embargo, se reconoce que el gobierno autonómico necesita una transformación significativa. Un dirigente veterano del PP sugirió que Mazón tendría que reestructurar su gabinete, aunque también reconoció que Alberto Núñez Feijóo no puede permitir que se derrumbe su barón valenciano, mientras que tampoco puede ofrecer apoyo incondicional tras los recientes errores.

Es probable que los cambios en el equipo de Mazón se realicen una vez que concluyan las labores de limpieza en las zonas devastadas, lo que muchos consideran un paso inevitable para intentar elevar la imagen del gobierno autonómico, aún cuando las condiciones actuales no se vislumbren favorables.

Si las elecciones autonómicas se celebraran el próximo año, la mayoría de los analistas coinciden en que Mazón no podría presentarse como candidato. Sin embargo, la situación se complica aún más al requerir el apoyo de Vox, dado que el PP no goza de mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. Un dirigente del PP ha apuntado que "a Vox le interesa desgastar a Mazón", lo que complica cualquier posibilidad de cambio.

Varios miembros han expresado que hubo una clara "sensación de desgobierno" durante la crisis y criticaron la falta de liderazgo, así como la ineficaz comunicación en momentos cruciales. En particular, la consejera de Innovación, Nuria Montes, ha sido objeto de críticas por su falta de empatía hacia las víctimas, lo que se evidenció en su negativa a permitir que los familiares accedieran a la morgue. Mientras tanto, Salomé Pradas, consejera de Justicia e Interior, ha enfrentado cuestionamientos sobre su conocimiento del sistema de alertas, lo que ha exacerbado la presión sobre el Ejecutivo valenciano.

En medio de la controversia, algunos dirigentes del PP han señalado al propio Mazón, acusándolo de no haber emitido alertas con la suficiente antelación y de haberse retrasado en su aparición en reuniones clave, lo que ha alimentado la percepción de que estuvo "desaparecido durante cinco horas". En su defensa, Mazón ha explicado que estaba realizando un almuerzo de trabajo y ha rechazado las acusaciones, considerándose víctima de una campaña de desinformación.

Un miembro territorial del PP ha destacado que la agenda de Mazón se enfrenta a un serio desafío y ha afirmado que la situación actual no favorece a Feijóo. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha admitido a trámite una demanda contra Mazón por su supuesta "inactividad" ante la DANA, lo que podría amplificar la crisis.

Algunas voces dentro del PP también han criticado a Mazón por no haber pedido la declaración de emergencia nacional desde el principio, lo que contradice el discurso de su líder nacional, quien considera que dicha declaración habría permitido una movilización más efectiva de recursos.

Una diputada del PP ha enfatizado que "el Gobierno de Sánchez debió asumir el mando desde el minuto uno", señalando que la responsabilidad de la gestión de la crisis debería ser compartida. La percepción en torno a esta crisis es alarmante, ya que sectores del partido temen que afecte no solo a Feijóo, sino a la imagen del PP, en un contexto en el que las protestas en varias ciudades parecen ser impulsadas por organizaciones de izquierda.

Un dirigente del PP ha expresado que la izquierda podría capitalizar el descontento en torno a Mazón, una situación que podría perjudicar a la marca del partido. Se ha planteado la necesidad de que Feijóo tome distancias del presidente de la Generalitat para proteger su imagen, aunque también son conscientes de que no pueden soltarlo en este momento, ya que eso podría interpretarse como un intento de culpar únicamente a la Generalitat, brindando así un respiro al Gobierno de Sánchez.

Algunos miembros del PP han recordado la gestión del gobierno de José María Aznar frente a la crisis del Prestige en 2002, que, a pesar de sus desastrosos efectos, no impidió que el partido ganara las elecciones municipales de 2003 en muchas localidades afectadas. Queda por ver si el PP será capaz de mantener su control sobre la Generalitat valenciana tras esta devastadora crisis.