Dos años después de la dana: 34 multas a empresas y una aplicación desigual de los planes de emergencia

La Inspección de Trabajo ha detectado 34 infracciones de empresas valencianas que pusieron en riesgo a sus plantillas durante episodios de emergencia desde noviembre de 2024 hasta septiembre de este año. Las sanciones suman 348.579 euros. Los datos, facilitados por el Ministerio de Trabajo a Europa Press, se enmarcan en una campaña de control puesta en marcha un mes después de la dana del 29 de octubre de 2024.

La campaña ha supuesto 1.471 actuaciones inspectoras en la Comunitat Valenciana. El episodio de inundaciones, que causó más de 230 víctimas mortales, dejó una pregunta abierta para miles de trabajadores: si es seguro acudir al puesto, si deben cerrar el negocio o si pueden adelantar la salida antes de una alerta por lluvias intensas.

El marco legal vigente responde en parte a esas dudas. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto de los Trabajadores amparan la prioridad del teletrabajo, los cambios de jornada y los permisos climáticos, que permiten ausentarse hasta cuatro días retribuidos. Las empresas deben informar de los riesgos y dar instrucciones para interrumpir la actividad, y los representantes de los trabajadores pueden acordar su paralización.

Los sindicatos CCOO PV y UGT PV coinciden en que la norma ofrece herramientas válidas, pero reclaman más inspección, sanciones disuasorias y más medios para el organismo. Advierten también de que los derechos solo son efectivos si los trabajadores pueden ejercerlos sin temor a represalias. La patronal CEV, por su parte, pide una reforma: sostiene que la responsabilidad empresarial no debería depender de meras recomendaciones de la Aemet y que los permisos climáticos trasladan a las empresas un coste que corresponde a lo público.

La negociación colectiva es otro frente abierto. Según UGT, solo 13 convenios incluyen protocolos ante catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos, lo que afecta a 132.487 personas, el 16,92 % del total. El sindicato matiza que estas cifras no indican cuántas empresas tienen planes realmente implantados, aunque sí evidencian un alcance limitado. CCOO describe una aplicación muy desigual, con empresas comprometidas y otras que se limitan a cumplir sobre el papel.

El debate deja ver un choque de fondo sobre quién debe asumir el riesgo climático: el empresario, el sistema público o ambos. Los sindicatos piden garantías mínimas comunes desarrolladas por convenio; la patronal, un marco legal que delimite con claridad la fuerza mayor. A medida que los episodios meteorológicos extremos se repiten, la cuestión dejará de ser excepcional y pasará a formar parte de la gestión laboral ordinaria.