En la península ibérica, la situación en torno a la jueza Nuria Ruiz, quien lleva a cabo la investigación sobre la reciente dana en Valencia, ha tomado un giro inesperado. Ricardo Conde, encargado de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha iniciado una serie de diligencias informativas en respuesta a una queja presentada por la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien también está siendo investigada en este caso.

Según informes del CGPJ, Conde está analizando si existen suficientes fundamentos para abrir un expediente disciplinario contra la jueza del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja, o en caso contrario, descartar la queja. Esta decisión dependerá de si se establece que ha habido alguna infracción o si los asuntos en cuestión son jurisdiccionales, lo que podría estar fuera del ámbito de actuación del CGPJ.

Los representantes del consejo han señalado que la apertura de diligencias es una práctica habitual ante denuncias contra magistrados, recordando que el año anterior se iniciaron cerca de 600 de estas investigaciones. Esto refleja un interés por mantener la integridad y la responsabilidad dentro del sistema judicial.

Las quejas presentadas por la defensa de Pradas incluyen críticas sobre la forma en que la jueza ha manejado la instrucción. Emilio Argüeso, exnúmero dos de Pradas y también bajo investigación, se ha sumado a estos reclamos, en los cuales solicitan la suspensión de la magistrada mientras se lleva a cabo la revisión de los hechos denunciados.

Si el órgano de gobierno de los jueces decide en contra de las pretensiones de la defensa, se abriría la posibilidad de apelar dicha decisión ante el propio CGPJ y, en última instancia, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

De acuerdo con información divulgada por 'OkDiario', las diligencias relativas a la jueza Ruiz fueron iniciadas hace un par de semanas. Salomé Pradas presentó su queja en mayo, sosteniendo que su derecho a una defensa efectiva estaba siendo comprometido por la dirección de la investigación por parte de la jueza. Su abogado, Eduardo de Urbano, del bufete Kepler-Karst, manifestó que se habían identificado irregularidades que podrían vulnerar derechos fundamentales e interferir en la imparcialidad del proceso.

Entre los puntos criticados, se destaca que existen resoluciones judiciales que apoyan afirmaciones sin el respaldo probatorio adecuado, así como la utilización de información periodística no verificada como fundamento en las decisiones judiciales. Este hecho ha generado preocupaciones sobre la fidelidad de la administración de justicia.

La situación se intensificó en junio, cuando Pradas amplió su queja, alegando que se le había negado el acceso a la transcripción completa y literal de su declaración del 11 de abril, recibiendo en su lugar un resumen que carecía de detalles significativos, incluyendo las preguntas realizadas y ciertos matices legales relevantes.