Se ha establecido un formato específico de comparecencias para las 13 víctimas afectadas, quienes contarán con un tiempo de media hora cada uno para exponer sus testimonios.

En Madrid, el 21 de octubre, la comisión del Congreso que investiga la gestión de la Dana, que lamentablemente dejó 229 muertos, principalmente en Valencia, ha dado un paso significativo al aprobar el plan de trabajo. Este acuerdo fue negociado entre los partidos del Gobierno y sus aliados y se ha programado para que los representantes de las víctimas comparezcan la primera semana de noviembre. Asimismo, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del Partido Popular, será escuchado el día 17 de noviembre.

Las deliberaciones se han llevado a cabo a puerta cerrada. Fuentes del Parlamento informan que el plan ha recibido el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Compromís, mientras que PP y Vox se han opuesto, ya que anteriormente se mostraron reticentes a la apertura de esta investigación. El plan incluye 126 peticiones de documentación y vídeos del trágico día, así como 127 comparecencias, cuya organización será responsabilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La estructura del plan está dividida en tres fases: la primera se centrará en la prevención, la segunda en la gestión de la emergencia y la tercera en la respuesta y atención a las víctimas posterior al suceso. Aunque el tiempo estimado para el análisis se ha fijado en un año, existe la posibilidad de que este plazo se amplíe.

Las primeras comparecencias, que están dedicadas a las víctimas, tendrán lugar entre el 4 y el 6 de noviembre. Se ha acordado un formato que les permitirá sentirse cómodas, donde cada víctima podrá hablar durante 15 minutos, tras lo cual los grupos parlamentarios tendrán cinco minutos para formular preguntas, y los afectados contarán con otros 15 minutos para responder.

Las víctimas que comparecerán son Rosa María Álvarez Gil, Mari Carmen Gil Sánchez, Ernesto Martínez Alfaro, entre otros, quienes buscarán dar voz a su experiencia en esta tragedia.

Luego de escuchar a las víctimas, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se someterá al interrogatorio el 17 de noviembre en un formato estándar, donde deberá responder preguntas de los distintos grupos parlamentarios durante 20 minutos.

A continuación, se prevé que la exconsejera de Emergencia, Salomé Planas, proporcione su testimonio, aunque aún no se ha confirmado la fecha de su comparecencia.

El listado de posibles comparecientes también incluye a jefes de Gabinete, a la periodista Maribel Vilaplana, y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien será el testigo número 19 en este proceso.

Asimismo, se planea citar a escoltas del presidente, al encargado del restaurante 'El Ventorro', así como a diversos consellers y responsables de la Generalitat. También se espera la intervención de Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica, y de alcaldes de comunidades afectadas, así como de responsables de organismos del gobierno como Protección Civil y la Agencia Estatal de Meteorología.

Incluso se contempla la posibilidad de que el presidente Pedro Sánchez y siete de sus ministros sean llamados a declarar, entre otros muchos implicados en esta gestión.

En una reciente conferencia de prensa, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, anunció que el PSOE no ha tenido más remedio que ceder y aceptar la inclusión de Sánchez en la lista de comparecientes, subrayando que la conmemoración del aniversario de la catástrofe no podía dejar de lado la apertura de esta comisión.

Desde Sumar, su portavoz, Verónica Martínez Barbero, ha expresado su esperanza de que la investigación lleve a la verdad y a la justicia para las víctimas, además de señalar las responsabilidades políticas en la gestión de la emergencia, comenzando por Mazón, a quien instó a tener la “decencia” de no asistir al funeral del Estado programado para el próximo 29 y resignar su cargo.

La portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, también ha manifestado la necesidad de que esta comisión sirva para depurar responsabilidades. Según su opinión, hubo una “desidia evidente” así como “dejadez y despreocupación absoluta” por parte de la Generalitat, además de acusar al Gobierno central de actuar con “mala fe” al no aplicar la ley de Seguridad Nacional, algo que Vox ha llevado a los tribunales por considerarlo motivado políticamente.