VALÈNCIA, 28 Nov.

El Consell ha tomado la decisión de separar a la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero de su cargo como vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Esta medida se toma luego de que la Conselleria de Medio Ambiente abriera una investigación por un posible cobro irregular de dietas por parte de la parlamentaria socialista.

La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha explicado que esta decisión se fundamenta en la información que salió a la luz la semana pasada, la cual indicaba que la condición de Piñero como diputada del Parlamento Europeo era incompatible con su cargo en el consejo de Valenciaport, así como con cualquier remuneración pública fuera de su puesto europeo.

"Estaba previsto hacer cambios en el consejo de administración del Puerto, pero estos acontecimientos han precipitado un poco la decisión porque consideramos que son lo suficientemente graves como para apartar a Inmaculada Rodríguez-Piñero cuanto antes. Y la Conselleria de Medio Ambiente ha considerado que el momento era ahora", ha declarado Merino durante su comparecencia semanal tras la reunión del gobierno valenciano.

Además, Merino ha informado que los demás miembros del consejo de administración de Valenciaport serán designados "en breve".

Según lo publicado por 'El Mundo', la Abogacía de la Generalitat concluyó en un informe con fecha del 15 de noviembre que la condición de eurodiputada de Inmaculada Rodríguez-Piñero resultaba incompatible con su cargo como vocal del Consell en el consejo de administración del Puerto. Rodriguez-Piñero fue nombrada para esta responsabilidad en 2015 por el anterior gobierno autonómico de Ximo Puig y desempeñó el cargo hasta septiembre pasado. Durante este periodo, recibió una suma bruta de 40.000 euros.

La eurodiputada lamentó profundamente esta situación, asegurando que era absolutamente desconocida para ella y que contradice su comportamiento intachable demostrado a lo largo de cuarenta años de servicio público. Asimismo, afirmó que estará dispuesta a atender cualquier reclamación de devolución de cantidades que proceda aplicar en caso de que no se hubieran ajustado a la normativa.