VALÈNCIA, 20 de mayo. En una reciente reunión del pleno del Consell, se acordó que el Gobierno valenciano impugnará ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-Ley 2/2025, promulgado el 18 de marzo. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Susana Camarero, argumentó que esta normativa es no solo cuestionable desde el punto de vista jurídico, sino que también genera cargas adicionales para las comunidades autónomas sin proporcionar el diálogo ni los recursos necesarios.

Camarero señaló que el Consell está autorizado a actuar a través de la Abogacía General de la Generalitat, con la aprobación del Consejo Jurídico Consultivo, y procederá a presentar este recurso esta misma semana. Este decreto regula la reubicación de menores migrantes no acompañados proveniente de regiones con recursos sobrecargados, tales como Ceuta y Canarias, hacia otras comunidades autónomas, algo que el Consell considera inaceptable.

El Gobierno valenciano ha subrayado que este reparto infringe las competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana en asistencia social y protección de menores, así como los principios de cooperación y la autonomía financiera. Este tipo de regulaciones, a su juicio, son una transgresión de los derechos fundamentales y deberían ser tratadas bajo leyes orgánicas, no mediante un simple decreto.

La vicepresidenta también recordó que, en abril, el Consell ya había dado luz verde para que la Abogacía iniciara la tramitación del recurso de inconstitucionalidad, además de solicitar un dictamen del Consell Jurídic Consultiu. La preocupación principal radica en que el Real Decreto-Ley impone responsabilidades financieras a la Generalitat sin ofrecer una dotación adecuada, obligando a la comunidad a hacerse cargo de gastos no presupuestados para atender a estos menores.

Camarero calificó la falta de diálogo por parte del Gobierno central como un aspecto grave. Según su opinión, estas decisiones se están tomando de manera unilateral, sin consultas previas a las comunidades autónomas que realmente poseen la competencia sobre estos asuntos. "Se imponen decisiones sin negociación y sin financiación", concluyó de forma contundente, insistiendo en que este enfoque podría erosionar la capacidad de las comunidades para gestionar sus propios recursos.