La situación en la Comunitat Valenciana en lo que respecta a la atención de menores migrantes no acompañados está alcanzando niveles críticos, con la ocupación del sistema de protección superando el 160%. Susana Camarero, portavoz del Consell y vicepresidenta primera, ha criticado abiertamente la financiación insuficiente ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En un movimiento que marca un claro desacuerdo con la normativa reciente, el Ejecutivo Valenciano ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la aprobación de un Real Decreto que establece el reparto de estos menores. Camarero ha declarado que este paso busca prevenir un "traslado inadecuado y masivo" que podría agravar la ya complicada situación del sistema de protección.

Durante una conferencia de prensa, la portavoz explicó que el Consell ha encargado a la Abogacía General presentar un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que regula la capacidad de atención a niños y adolescentes extranjeros no acompañados en las distintas comunidades autónomas.

En su intervención, Camarero ha aseverado que el Consell impugnará "todas y cada una" de las normativas del Gobierno central relacionadas con este tema. Esto incluye un recurso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que la norma es inconstitucional, seguido por la apelación al Supremo.

La vicepresidenta valenciana ha advertido que la implementación del decreto significaría una violación de la distribución constitucional de competencias, además de implicar una seria injerencia en los asuntos de protección de menores que son competencia de la Generalitat. También se ha referido a la falta de planificación y recursos adecuados que el Gobierno central está asignando para este traslado.

Camarero ha señalado que el decreto ignora por completo la información proporcionada por las comunidades sobre su capacidad de acogida y no ha sido sometido a la evaluación de la conferencia sectorial, lo que califica de grave incumplimiento normativo.

La portavoz ha insistido en que, aunque la Comunitat Valenciana es solidaria, también es responsable en la atención a menores migrantes. "Contamos con un sistema de protección de alta calidad y no permitiremos que una decisión arbitraria comprometa su eficacia", ha manifestado.

Además, Camarero ha destacado que la cercanía geográfica de la Comunitat hace que reciba regularmente a menores no acompañados por diferentes rutas, incluso a través de pequeñas embarcaciones. Este verano, el número de menores ha aumentado, lo que ha llevado a la Generalitat a crear 122 nuevas plazas para su atención, un 62% más que las que había en el anterior gobierno.

Mencionando cifras, la vicepresidenta ha expuesto que el coste de mantener estas plazas asciende a 23 millones de euros anuales. La Comunitat cuenta con 1.720 plazas en total, y la ocupación está desbordando los límites, alcanzando casi un 160% en uso.

La aplicación de una fórmula "ideada" por el Gobierno de España para el reparto de menores migrantes resulta incompatible con la capacidad real de atención en la Comunidad. Camarero ha apelado a la falta de recursos en cuyo contexto se presentó el anuncio de la llegada de 571 menores, lo cual consideró completamente inviable.

Finalmente, ha subrayado que el coste real por menor en el sistema de protección excede los 200 euros diarios, en comparación con los 75 euros ofrecidos por el Gobierno, dejando a la Comunitat a cargarse de la falta de financiación adecuada.

En sus declaraciones, también aludió a la correspondencia enviada a los municipios valencianos sobre su capacidad para acoger a estos menores. Camarero precisó que dichas cartas no son impositivas, sino que buscan abrir un canal de diálogo. Ha manifestado sorpresa por la falta de respuesta de algunos ayuntamientos socialistas, los cuales han rechazado colaborar en este proceso.

Por otro lado, los alcaldes de localidades gobernadas por el PP han mostrado comprensión ante la situación y han ofrecido apoyo interinstitucional, a diferencia de los socialistas, que, según Camarero, han presentado quejas sin proponer soluciones. Este contraste evidencia la falta de voluntad de muchos en la política para comprometerse en la ayuda a los menores migrantes que llegan a la Comunitat.

En cuanto a alcaldías de municipios más pequeños que recibieron la carta, Camarero ha admitido que podría haber sido un error en la selección de los destinatarios.