El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha enviado hoy a la Generalitat Valenciana una propuesta para iniciar negociaciones, de acuerdo con el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sobre la polémica Ley autonómica de concordia. La comunicación establece como fecha límite para aceptar o rechazar la propuesta de diálogo el próximo lunes 30 de septiembre.

De acuerdo con el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres, la comunicación responde a las razones legales presentadas por los servicios jurídicos en relación con la mencionada normativa: la Ley 5/24 de la Generalitat Valenciana, al igual que la Ley propuesta por Aragón y ya suspendida por el Tribunal Constitucional, "invade competencias estatales, rompe el consenso internacional y no respeta la Constitución Española".

Después de analizar la ley, el Ministerio sostiene que "es evidente la similitud con la Ley 1/2024 de Aragón, ya impugnada ante el Tribunal Constitucional".

Las "similitudes", continúan, se traducen en la derogación de un marco jurídico autonómico en materia de memoria democrática que antes, en ambos casos, estaba alineado con la legislación estatal y con los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en ese ámbito. Se reemplaza la normativa anterior por disposiciones que restringen los derechos y la protección a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, obstaculizando también la aplicación plena de la legislación estatal en áreas de competencia autonómica y local.

Además, señalan que la ley de concordia "interfiere en competencias estatales y no respeta el consenso internacional sobre víctimas de infracciones graves de derechos humanos". El concepto de víctima, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y las garantías de no repetición se ven comprometidos con esta ley, enfatizan.

Se observa también un "enfrentamiento directo" entre la Ley autonómica y la Ley de Memoria Democrática del año 2022. Asimismo, y considerando que son contemplados en la Ley estatal, también se aprecia un choque entre la Ley autonómica y ciertos principios del derecho internacional público, específicamente aquellos relacionados con el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y las garantías de no repetición reconocidos a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas, detalla el Ministerio.

Por último, el Gobierno reafirma que el artículo 10.2 de la Constitución establece que las normas sobre derechos fundamentales y libertades reconocidos por la Constitución Española serán interpretadas de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre los mismos temas ratificados por España, algo que, según ellos, "no respeta la Ley autonómica".