La adaptación de proyectos y viviendas para afrontar la amenaza de inundaciones ha sido priorizada por el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que asignará una inversión total de 335 millones de euros. Esta suma se destinará no solo a la ejecución de nuevas iniciativas, sino también a la recuperación y mejora de proyectos ya existentes en el territorio afectado por la reciente Dana.

Se prevé que la ejecución de estas obras se inicie este mismo año, lo que incluye una significativa inversión de 132 millones para proyectos que ya se encuentran en fase avanzada, como el desvío de las aguas del Barranco de la Saleta en Aldaia y otras cinco intervenciones en el tramo bajo del río Júcar, cuyas obras están programadas para comenzar en 2026.

El Plan para la Mejora de la Resiliencia frente a Inundaciones ha sido presentado por la vicepresidenta y ministra de la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en un evento con víctimas de las inundaciones. Este plan incluye no solo la adaptación de terrenos y edificaciones, sino también un cambio normativo para abordar los riesgos asociados a las inundaciones y la creación de una nueva cartografía de áreas vulnerables.

Aagesen subrayó el compromiso del Gobierno hacia la comunidad valenciana y abordó las recientes críticas del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, respecto a los retrasos en las obras de prevención de inundaciones. La ministra defendió la efectividad del plan, apuntando que ha sido desarrollado en conjunto con la Generalitat y se ha llegado a este punto gracias a reuniones técnicas sostenidas en los últimos meses.

Es importante destacar que, a pesar de los comentarios sobre retrasos, Aagesen aseguró que las obras están en marcha y enfatizó la necesidad de colaboración entre administraciones para garantizar el éxito de estas iniciativas. La adaptación de proyectos maduros representa un gasto estimado de 192 millones y se espera que se liciten antes de que finalice 2025.

Las intervenciones incluyen un proyecto de 90 millones para desviar las aguas del Barranco de la Saleta y garantizar una mejor conexión con la vía verde que conectará los flujos a un nuevo cauce en el Turia. Además, se destinarán 42 millones para otras cinco actuaciones de protección en el río Júcar que buscan mitigar el riesgo de futuras inundaciones.

En detalle, se han asignado 24 millones para la adaptación y mejora del barranco de la Casella, y otros montos para diversas fases de adecuación de otros barrancos como el Barxeta. Estas medidas están diseñadas no solo para enfrentar las inundaciones, sino también para restaurar el equilibrio natural de los cauces y proteger a las comunidades circundantes.

En cuanto a las nuevas obras propuestas, el plan menciona un total de ocho ejecuciones que abarcan la protección de áreas ribereñas y la creación de zonas inundables en varios barrancos, buscando así disminuir el impacto hídrico en localidades vulnerables como Aldaia y Chiva.

Apartado de las obras físicas, el plan también contempla la implementación de un cambio normativo que busca regular de forma más rigurosa los usos en zonas propensas a inundaciones y fomentar la adaptación en edificaciones existentes. Con un presupuesto destinado de 60 millones, estos esfuerzos inmediatos incluyen la elevación de accesos y la instalación de barreras y puertas estancas.

Finalmente, se prevé la actualización de la cartografía de riesgos de inundación, un elemento clave que contribuirá a un mejor planteamiento urbano y salvaguardará a la población de futuras catástrofes, aunque se prevé que la consulta pública relacionada con estas medidas finalice en abril de 2025, con la intención de hacer efectivos los cambios para el verano de ese mismo año.