El PP exige a Morant, Soler y Puig que se opongan a la transferencia "coaccionada" de empresas valencianas a Cataluña.
El síndic del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Miguel Barrachina, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno central no imponga sanciones ni beneficios fiscales a las empresas que trasladaron su sede a la Comunitat Valenciana debido al proceso independentista en Cataluña.
El PP ha invitado a la ministra de Ciencia, Diana Morant, al diputado Alejandro Soler y al expresidente de la Generalitat y senador, Ximo Puig, del PSOE, a que se unan a los valencianos en contra de la salida forzada de estas empresas.
Se espera que esta propuesta sea la primera que se vote en Les Corts este año.
La PNL busca instar al Consell a exigir al Gobierno central que respete la libertad de las empresas valencianas para permanecer en la Comunitat Valenciana.
El PP solicita que el Ejecutivo no apruebe beneficios fiscales para incentivar el traslado de las sedes sociales a la Comunitat y que no se impongan sanciones a las empresas que decidan no hacerlo.
Miguel Barrachina ha destacado que el Gobierno de España no debe actuar en contra de algunas autonomías, privilegiando a otras, y que estas medidas no deben forzar a las empresas a regresar a Cataluña.
Para el PP, las propuestas de Junts están en contra de la Constitución Española, los tratados de la Unión Europea y el sentido común, ya que implican privilegiar a ciertos territorios y violar la libertad de circulación y establecimiento.
El diputado autonómico también ha puesto en duda la actuación de la ministra Diana Morant, así como la posición de Alejandro Soler y Ximo Puig, cuando tengan que cumplir con lo pactado con Junts en relación al traslado de empresas valencianas hacia Cataluña.
En cuanto al apoyo de otras fuerzas políticas, Barrachina ha expresado que algunos grupos parecen estar en contra de imponer sanciones, pero espera que demuestren su posición mediante su voto en el pleno.
El PP defiende la posibilidad de que ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones establezcan beneficios fiscales, siempre y cuando se ajusten a las reglas de juego normales.
Desde el partido no se ha mantenido contacto con las empresas afectadas, pero se destaca que las dos únicas empresas con sede en la Comunitat que cotizan en el Ibex, Sabadell y CaixaBank, se verían afectadas por estas medidas, lo que demuestra la importancia de esta cuestión.
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