El Partido Popular ha solicitado recientemente en el Congreso de los Diputados una revisión de la disposicón adicional undécima de la Ley de Costas, buscando que se excluyan del dominio público marítimo-terrestre aquellos bienes inmuebles que estén catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC) por las comunidades autónomas. Esta propuesta fue presentada a través de una Proposición de Ley registrada esta semana y formulada por el grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Los representantes del PP exigen que este proceso se extienda también a otros bienes culturales de interés local y bienes inmuebles de relevancia local, o equivalentes según las diversas legislaciones autonómicas, que subrayen la identidad cultural de localidades y municipios situados en áreas de dominio público marítimo-terrestre, independientemente de su conexión a núcleos urbanos con alto valor etnológico, tal como se menciona en la Disposición Adicional Decimotercera.

En su iniciativa, se especifica que todos estos bienes culturales deben regirse por las normativas aplicables a terrenos que se encuentren en zona de servidumbre de protección. Este proceso requeriría notificar al ministerio correspondiente en materia de costas y realizar el reconocimiento y la inclusión de los inmuebles en el Catálogo de Patrimonio Cultural de la comunidad autónoma, siguiendo los trámites que cada una establezca.

Además, la propuesta enfatiza que los BIC ubicados en el dominio público marítimo-terrestre deberán adherirse al régimen concesional de la Ley actual, solicitando que la Administración otorgue las concesiones pertinentes dentro de un plazo de un año desde que dichos bienes sean reconocidos como de interés cultural.

La Proposición de Ley también establece que los bienes culturalmente relevantes que se encuentren en áreas de dominio público marítimo-terrestre, así como en zonas de servidumbre de tránsito y protección, deben ser tratados conforme a las medidas específicas de este marco legal, dando prioridad a su normatividad particular en relación a la legislación vigente.

El portavoz del grupo parlamentario, Miguel Tellado Filgueira, ha criticado lo que considera una insuficiencia en las medidas de protección del litoral a lo largo de los años. Esta falencia, según él, ha permitido que modificaciones en los deslindes hayan dejado fuera de protección a residencias unifamiliares y pequeños comercios construidos antes de la última revisión de los límites del dominio público.

En su exposición, se hace mención a núcleos urbanos con un valor etnológico indiscutible que se han visto afectados, como el poblado marítimo de Torre la Sal en Cabanes y diversas localidades en la provincia de Castellón y Valencia, así como en la Región de Murcia y las Islas Baleares. Según Tellado, estos lugares, a pesar de su catalogación como bienes de interés cultural, no cuentan con un tratamiento legislativo que garantice su protección en el contexto de la Ley de Costas.

Por otra parte, el PP también ha subrayado la necesidad de proteger instalaciones reconocidas como de interés local, como clubes náuticos, y que las diversas denominaciones establecidas por las comunidades autónomas para su clasificación deben ser consideradas en este debate. Ellos abogan por crear un respaldo legal para estos núcleos urbanos, que, una vez identificados, han demostrado tener valores únicos y requieren de mecanismos que prevengan su desocupación o demolición, acciones que suelen generar rechazo en la opinión pública y en el espectro político.

Finalmente, se hace hincapié en que las desocupaciones o derribos no contribuyen a la restauración del ecosistema y pueden resultar en áreas severamente degradadas, además de ser contrarias a la estrategia de adaptación al cambio climático en las costas. Se concluye que proponer una alternativa de protección y adaptación es más favorable para preservar los valores culturales y evitar futuros retrocesos y deslindes problemáticos.