VALÈNCIA, 20 de julio. En una reciente recomendación, el Síndic de Greuges ha instado al Ayuntamiento de València a intensificar sus esfuerzos legales en la inspección y sanción de las viviendas turísticas ilegales. Esta medida se considera crucial para asegurar que estas propiedades no operen de manera no autorizada en la ciudad, además de sugerir la necesidad de una mayor transparencia mediante la difusión de estadísticas sobre las actuaciones realizadas en este rubro.

El pronunciamiento proviene de Ángel Luna, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, quien emitió una resolución el 16 de julio tras recibir una queja de la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar. Esta organización destacó la preocupante "explosión" de alojamientos turísticos en su zona, lo que ha derivado en una falta de oferta de viviendas en alquiler y, por ende, en un incremento en los precios del mercado residencial.

En su denuncia, la asociación vecinal ha solicitado al consistorio que actúe de forma "urgente y eficaz" incrementando la frecuencia de las inspecciones a estos alojamientos y instando a la publicación de un listado que incluya aquellos con licencia municipal. Argumentan que ello facilitaría la acción de denuncia contra los que operan sin la autorización adecuada, garantizando una protección a los consumidores que buscan cumplir con la ley.

El Síndic, tras evaluar la queja, solicitó al Ayuntamiento un informe detallado sobre las medidas implementadas para fortalecer las inspecciones de viviendas turísticas, con la intención de hacer frente a las que operan sin licencia. Según la respuesta del consistorio, se están tomando las medidas adecuadas para investigar y, si es necesario, cerrar aquellas propiedades que no cuentan con los permisos necesarios.

El informe del Ayuntamiento destaca que cada denuncia ha resultado en la apertura de un expediente y que se están llevando a cabo comprobaciones in situ para verificar el uso indebido de estos inmuebles. Sin embargo, han indicado que la publicación de un listado con las viviendas que poseen la correspondiente licencia aún no ha sido posible, debido a que requiere un tratamiento previo.

A pesar de esto, un representante de la asociación que presentó la queja ha señalado que desde el 26 de diciembre de 2023 han realizado 427 solicitudes de revisión de documentación, de las cuales solo 269 han sido formalmente abiertas, y se han recibido notificaciones en apenas 128 casos. Esto ha llevado a cuestionar la eficiencia de la respuesta del Ayuntamiento, así como la falta de un listado que permita conocer cuáles propiedades están debidamente autorizadas.

El reclamante ha expresado su preocupación sobre los tiempos de elaboración del listado y ha sugerido que el Ayuntamiento parece carecer de interés genuino en brindar esta información, lo que podría poner en duda la transparencia en su gestión ante el creciente número de viviendas turísticas en València.

Las conclusiones del Síndic apuntan que, según la información que proporcionó el Ayuntamiento, no hay limitaciones legales que impidan la divulgación de los listados de esos alojamientos. Sin embargo, advirtió que aún no se ha establecido una fecha para su publicación. Insiste en que el consistorio debería proporcionar un cronograma para completar esta tarea, recordando que la solicitud de información se presentó el 18 de febrero de 2025, lo que otorga un margen más que adecuado para actualizar los listados.

El Síndic también destacó que, en la información entregada por el Ayuntamiento, no se han presentado datos sobre las acciones de inspección y sanción que se han realizado hasta la fecha. Además, sostiene que el aumento de viviendas turísticas ilegales alimenta la economía informal y distorsiona el mercado inmobiliario, lo que refuerza la necesidad de establecer medidas regulatorias que aseguren una competencia justa.

Por todas estas razones, el Síndic recomienda al Ayuntamiento de València que se fortalezcan las medidas de inspección y sanción para eliminar las operaciones de viviendas turísticas ilegales y que se proporcione información sobre las acciones ejecutadas en este ámbito para mayor conocimiento del público.

Finalmente, el Síndic subraya la importancia de cumplir con el deber legal de responder a las solicitudes de acceso a información pública en un plazo máximo de un mes.