El defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, ha presentado una solicitud al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad en relación con un apartado de los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2025, que afecta directamente a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Luna sostiene que la Generalitat ha llevado a cabo una "reducida y arbitraria" modificación de los fondos destinados a la AVL, lo que, en su opinión, pone en entredicho la autonomía de esta institución y amenaza su papel como defensor de los derechos lingüísticos dentro de la región.

La Acadèmia, conforme a un comunicado del síndico, ha solicitado asistencia después de que el gobierno valenciano alterara unilateralmente el anteproyecto de presupuesto, disminuyendo en un 25% su financiación total y reconfigurando de manera drástica la distribución de los recursos asignados.

En el informe presentado por la presidencia de la AVL, se denuncia que esta acción no solo contraviene la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, sino que también infringe el Estatuto de Autonomía y la ley original que dio vida a la AVL.

El análisis realizado por el Síndic ha llevado a la conclusión de que la Ley de Presupuestos está desnaturalizando la función y el diseño inicial de la Acadèmia, por lo cual ha decidido remitir el asunto al Defensor del Pueblo para que lo eleve al Tribunal Constitucional.

Entre las modificaciones destacadas, se señala un ataque directo a la independencia de la AVL a través de la creación de líneas de subvención específicas para ciertos ayuntamientos, con el fin de organizar actividades sobre el Reino de València y su cultura, sin que la AVL haya participado en esta decisión.

Además, se menciona que la violación de la autonomía de la institución queda claramente evidenciada en el capítulo destinado a la rehabilitación de la sede de Lo Rat Penat, una entidad que no se alinea con la normativa vigente.

El informe enviado por la Acadèmia al Síndic también revela la eliminación total del capítulo de inversiones reales, una drástica reducción del 94% en los gastos operativos y la anulación de las líneas de subvención propias de la institución.

El Síndic de Greuges expresa que esta situación "compromete seriamente" la capacidad operativa de la Acadèmia y su rol dentro del tejido institucional de la Comunidad Valenciana. Advierte que una institución de autogobierno, cuya regulación requiere una mayoría calificada en Les Corts, no puede ver afectada su función esencial por una ley presupuestaria aprobada con mayoría simple.

Con esta acción, el Síndic refuerza su compromiso como defensor de los derechos y libertades establecidos en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, subrayando la importancia del equilibrio institucional que establece dicho Estatuto.