El pasado 11 de febrero en Madrid, el Tribunal Supremo ha dado a conocer un cambio significativo en la composición del tribunal que se encargará de juzgar a José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, en relación a las supuestas irregularidades durante la adquisición de mascarillas en medio de la pandemia. El magistrado Vicente Magro remplazará a Ana Ferrer en esta sala, una decisión que ha sido justificada por "necesidades del servicio" que han sido adecuadamente documentadas.

En el comunicado oficial, difundido por Europa Press, se subraya el hecho de que esta sustitución se produce porque Magro es el magistrado al que le corresponde el puesto por turno, asegurando así la continuidad y funcionamiento del tribunal ante la crucial audiencia que se llevará a cabo próximamente.

Las figuras que integrarán el tribunal incluirán al presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, junto a los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Vicente Magro, Eduardo de Porres y Javier Hernández. Este cambio se da a tan solo un día de que se realice la audiencia preliminar donde estarán presentes Ábalos, su asesor y Aldama para escuchar las exposiciones de sus defensas.

El caso, que ha captado la atención mediática y pública, avanzará hacia un juicio programado para abril. El magistrado instructor Leopoldo Puente ha decidido procesar a los tres acusados al considerar que actuaron de manera concertada, utilizando la posición de Ábalos como entonces ministro para obtener beneficios económicos a través de contratos en el ámbito público, aprovechándose de las oportunidades que su influencia les brindaba.

Además, Puente dictó el 27 de noviembre pasado la prisión provisional para Ábalos y Koldo, argumentando un "extremo" riesgo de fuga dada la proximidad del juicio. Ante esta situación, la Fiscalía ha solicitado penas severas: 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete para el empresario Aldama.

Las acusaciones populares, impulsadas por el Partido Popular, han elevado sus demandas, exigiendo hasta 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario mantienen la misma solicitud que la Fiscalía. Anticorrupción ha imputado a Ábalos y García por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, aplicando una atenuante de confesión a Aldama, quien solo enfrenta acusaciones por tres de estos delitos.