MADRID, 5 de mayo. El Tribunal Supremo ha decidido abrir una nueva causa penal contra el eurodiputado Luis "Alvise" Pérez, esta vez en relación con unos mensajes publicados en su cuenta de Telegram dirigidos contra Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia. El tribunal considera que sus publicaciones podrían haber sido realizadas con la intención deliberada de comprometer la vida de la fiscal.

La Sala de lo Penal ha nombrado al magistrado Juan Ramón Berdugo como el encargado de liderar esta investigación, que se suma a las dos anteriores iniciadas contra Pérez. En abril, el alto tribunal había acordado investigar al eurodiputado por presunta financiación ilegal y por la supuesta difusión de una PCR falsa sobre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

En esta ocasión, se están analizando dos mensajes concretos de Telegram. Uno de ellos menciona a "las personas responsables de la persecución ideológica denominada 'delitos de odio'". En este mensaje, Pérez afirmaba que responsables de esa persecución eran los que intentaban multar y encarcelar a miles de españoles por expresar que la inmigración ilegal masiva constituye una INVASIÓN.

Además, el mensaje instaba a aquellos que lo leyeran a investigar las identidades de los fiscales, incluyendo una imagen de Gisbert, a quien acusaba de haber solicitado tres años de prisión y una multa de 3.600 euros a quienes publicaran en Twitter las palabras "inmigración" e "invasión" juntas.

La decisión del Supremo llega tras recibir una exposición del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valencia, que señaló la competencia del alto tribunal para investigar a Pérez debido a su condición de eurodiputado. Así, el Supremo continuará las diligencias iniciadas por la denuncia de Gisbert, que alega injurias a funcionario público, coacciones y/u odio en redes sociales por parte del eurodiputado.

En su denuncia, Gisbert mencionaba que en 2024 se habían difundido mensajes en su contra en un grupo de Telegram, lo que había resultado en el envío de múltiples amenazas e insultos por parte de desconocidos a través de sus redes sociales.

El Tribunal ha decidido abrir esta investigación al considerar que la actuación de "Alvise" podría encajar en el delito de acoso, conocido como 'stalking', afectando así la vida de la fiscal y su familia.

El tribunal indica que la llamada del eurodiputado a su audiencia de cerca de 40.000 seguidores para que expresaran su animadversión hacia Gisbert, y su insistencia en fomentar esta reacción tras haber recibido ya manifestaciones de intención de afectar su vida cotidiana, podría evidenciar una intención consciente de comprometer la normalidad en la vida de la fiscal y su familia, según se detalla en un auto que abarca 11 folios.

Asimismo, el Supremo considera que, además de los mensajes enviados, "Alvise" facilitó la difusión de los perfiles de Gisbert en plataformas como X, Facebook e Instagram, donde recibió insultos y amenazas por parte de los usuarios.

A pesar de que los magistrados aclaran que no hay evidencia de que el eurodiputado haya emitido coacciones, amenazas o injurias directas contra Gisbert, ello no excluye la posibilidad de que existan responsabilidades penales en relación a los hechos investigados.

El auto también informa que las fuerzas policiales no lograron identificar a los autores de los comentarios en el canal de Telegram llamado 'Alvise Pérez Chat', pero sí pudieron identificar al administrador: el propio eurodiputado.