El Tribunal Supremo de España ha ratificado la condena de 29 años de prisión a Mari Carmen, quien fue hallada culpable de asesinar a su pareja tras administrarle laxantes de forma continuada durante su internamiento hospitalario y despojarlo de sus ahorros.

La decisión del alto tribunal se produce tras desestimar el recurso presentado por la acusada contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Este tribunal había mantenido en todos sus términos la condena impuesta por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Valencia, donde Mari Carmen fue sentenciada a 23 años por asesinato con la agravante de parentesco y seis años por estafa agravada. Sin embargo, fue absuelta de falsedad documental.

La defensa argumentó que existían irregularidades en el proceso, citando incumplimientos en la admisión de pruebas testimoniales y acusaciones de parcialidad en las instrucciones al jurado. Asimismo, sostuvo que se había vulnerado el principio de presunción de inocencia al considerar que la sentencia final no se ajustaba a la legalidad.

Sin embargo, el Supremo desmintió las alegaciones de la defensa, reafirmando su rol como órgano de revisión y reiterando que su función no es ofrecer una narrativa alternativa de los hechos, sino asegurar que se respete el marco legal durante el proceso judicial.

En su fallo, el tribunal argumentó que el jurado había evaluado adecuadamente la evidencia presentada, y confirmó que se había respetado el derecho a la presunción de inocencia, desestimando así el recurso interpuesto por la defensa y condenando a la acusada al pago de las costas judiciales.

Los delitos por los que fue juzgada se produjeron entre septiembre de 2020 y abril de 2021, tiempo en el que la víctima, que padecía de varias enfermedades, se encontraba hospitalizada. La sentencia detalla cómo Mari Carmen administró laxantes a su pareja "con pleno conocimiento de que podría causarle la muerte".

La administración continua de estos medicamentos provocó que la víctima desarrollara diarrea crónica y, posteriormente, un estado crítico que culminó en su ingreso a la UCI por un shock séptico severo, que resultó fatal el 16 de abril de 2021.

Mientras estaba en el hospital, la acusada se hizo pasar por cuidadora de su pareja, se apropió de su teléfono móvil y desaconsejó a los hijos de él que lo visitaran, lo que le permitió administrarle los laxantes sin que nadie se percatara.

Además, se demostró que, desde octubre de 2020 hasta la muerte de su pareja, Mari Carmen realizó diversas transacciones financieras con el objetivo de sustraer dinero a su compañero, aprovechándose de su vulnerabilidad. Llevó a cabo un total de 152 retiros en cajeros automáticos, abasteciendo su propia cuenta con más de 88.000 euros de las tarjetas de crédito de la víctima, además de contratar préstamos y hacer compras a su nombre.

Como resultado de sus actos fraudulentos, la acusada deberá compensar a la herencia del fallecido con 135.517 euros, además de indemnizar con 30.000 euros a cada uno de los hijos de la víctima por el daño moral causado.