En una inusual alianza entre partidos de izquierda y nacionalistas, Compromís ha logrado el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, Junts, Podemos y BNG para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la polémica ley educativa de la Generalitat valenciana liderada por el presidente 'popular' Carlos Mazón. La recopilación de firmas necesarias para presentar el recurso desde el Congreso ha sido todo un desafío, ya que ni siquiera Sumar contaba con suficientes parlamentarios para alcanzar el mínimo requerido de 50.

Los diputados firmantes argumentan que la ley del Ejecutivo valenciano vulnera los derechos lingüísticos de los estudiantes, contraviniendo el Estatuto de Autonomía valenciano, la Constitución Española y otras normativas educativas de mayor jerarquía.

Según los firmantes, esta ley obliga a las familias valencianas a inscribir a sus hijos sin conocer el idioma en el que recibirán clases, impidiendo a los alumnos de zonas de habla castellana aprender en valenciano y dominar ambas lenguas oficiales. Además, señalan que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya ha rechazado una medida incluida en esta norma que permitía a los alumnos elegir el idioma en el que querían realizar exámenes, por considerar que atenta contra el objetivo de adquirir conocimientos relacionados con la lengua oficial vehicular de la asignatura.

Los diputados, reunidos en la Puerta de los Leones del Congreso para presentar su denuncia, también critican que la ley impulsada por el PP y Vox permita que haya profesores sin la formación necesaria para impartir clases en valenciano en asignaturas no lingüísticas, afectando el derecho de los estudiantes a recibir clases en valenciano en otras materias.

En sus declaraciones ante los medios, la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha lamentado la postura del Gobierno de Mazón, acusándolo de actuar en contra de la lengua autóctona en el ámbito educativo, un derecho fundamental. En el mismo tono, el diputado de Sumar Nahuel González ha criticado al PP por mantenerse en retrocesos constantes y ha mencionado la Ley de Concordia impulsada por el partido como otro ejemplo de ello.

Finalmente, la dirigente de Podemos, María Teresa Pérez, ha rechazado la ley de Mazón al considerar que no respeta la libertad educativa y solo genera más discriminación, ya que el español está perfectamente garantizado en las escuelas, según ella.