La reciente decisión judicial en el marco del caso Taula-Imelsa abre la puerta a una posible apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

VALÈNCIA, 16 de julio.

La Audiencia Provincial de Valencia ha dictado sentencia condenando a penas que oscilan entre un año y un día a dos exalcaldes de Enguera y uno de Requena. Se les ha encontrado culpables de prevaricación, fraude y malversación relacionados con la adjudicación de contratos entre 2013 y 2015.

El Tribunal ha impuesto, además, una pena de tres años de prisión al empresario involucrado en este escándalo, quien se benefició de estas prácticas ilegales. Asimismo, un funcionario de la Diputación, que falsificó un documento público, también ha sido sentenciado a la misma pena, más una multa adicional.

Esta sentencia, revelada por Levante-EMV y confirmada por el TSJCV, forma parte de la denominada "pieza K" del caso Taula-Imelsa. Cabe destacar que el fallo no es definitivo y permite la posibilidad de apelación ante la sala competente del alto tribunal valenciano.

Los magistrados han establecido que el empresario José Mariano L.S., al frente de Técnicas Legales Administrativas (TLA), coludió con los alcaldes del Partido Popular, Javier Berasaluce (Requena) y Santiago Arévalo (Enguera), para simular la adjudicación de contratos sin publicidad en favor de Servimun SLU, una empresa que debía asistir en la actividad fiscal de ambos municipios.

El fallo estipula que ambos exalcaldes recibirán sendas condenas de un año y un día de prisión, además de seis años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público. Esto se debe a su implicación en un fraude administrativo, en conjunto con un delito de prevaricación.

El tribunal también ha condenado a Óscar Martínez, un exalcalde socialista de Enguera que ocupó el cargo tras Arévalo. Martínez ha sido sentenciado a dos años y un día de prisión y seis años y un día de inhabilitación por delitos de fraude, prevaricación y malversación, también en concurso medial.

Los magistrados han constatado que, después de que Martínez no pagara una factura sin justificación, acordó, junto con el administrador de TLA, crear una contratación sin publicidad para otorgar un contrato menor a Servimun SLU. Este contrato tenía como objetivo elaborar un informe relacionado con un proyecto de fábrica de productos de panadería congelados.

A pesar de que el informe presentado no cumplía los requisitos necesarios para que el Ayuntamiento pudiera dar por cerrada la liquidación del impuesto, el entonces alcalde dio su aprobación para el pago de la factura correspondiente al contrato, a pesar de que el coste real de los servicios era inferior al monto estipulado inicialmente.

Por otro lado, un funcionario de la Diputación, jefe de la sección de tributos, ha sido sentenciado a tres años de prisión y una multa de 1.800 euros por haber falsificado un documento público relacionado con modificaciones catastrales de un camping.

En este aspecto, el tribunal ha determinado que este empleado falsificó un documento crucial para regularizar dichas modificaciones.