VALÈNCIA, 16 de septiembre. La defensa de Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de València y familiar del exconseller de Sanidad del PP, Rafael Blasco -quien ya ha sido condenado por el caso Cooperación- ha solicitado la nulidad del proceso conocido como 'caso Ovaldos', el cual ha comenzado hoy en la Audiencia de Valencia. El abogado argumenta que no existen evidencias claras que justifiquen la acusación y denuncia que la investigación se ha convertido en una "inquisición general" que afecta a varias personas, muchas de las cuales no han sido ni siquiera investigadas.

Durante la sesión de hoy, que marca el inicio del juicio para Sergio Blasco, su hermano Francisco José, también implicado como administrador de una empresa sanitaria, y otros nueve acusados, el letrado expuso sus razones para la petición de nulidad. Criticó el desarrollo de la causa desde sus inicios, sosteniendo que se inició sin evidencia de actividad delictiva en las denuncias formuladas.

El abogado de Blasco se mostró contundente al señalar que la querella interpuesta por EUPV, que menciona el nexo familiar con Rafael Blasco como indicador de culpabilidad, no debería haber prosperado. Según él, basar acusaciones en el apellido no tiene sustento legal y no concuerda con la naturaleza delictiva.

Además, el letrado destacó que se mencionó la relación de algunos individuos en redes sociales como indicio de tráfico de influencias, algo que calificó de insustancial. También refutó la inclusión del nombre de Tauroni, otra persona condenada en el caso Cooperación, argumentando que no existe evidencia de que tuviera relación con las contrataciones del hospital.

El abogado argumentó que la investigación ha sido más bien una "caza de brujas", donde se ha intentado encontrar irregularidades sin contar con pruebas sólidas. Señaló que se llegó a investigar hasta el patrimonio de personas que ni siquiera eran acusadas, lo que considera un abuso del procedimiento.

Por otro lado, hizo hincapié en la violación del derecho a la intimidad de su cliente debido a la incorporación de datos personales sobre sus viajes, así como la falta de control en la incautación de documentos durante el proceso. Insistió en que estos datos son de carácter personal y no deberían haber sido utilizados en la causa.

El letrado también solicitó que su cliente no tenga que asistir a todas las sesiones del juicio, que se espera se extienda hasta diciembre, alegando que su trabajo como director de un hospital en República Dominicana podría verse afectado.

Otros abogados asociados al caso coincidieron con la petición de nulidad, alegando que no hay indicios de conductas delictivas y criticando la falta de detalles en las acusaciones. Miguel Sanfélix, defensor de uno de los empresarios implicados, subrayó que la falta de concreción en los hechos es evidente.

Los acusados en este proceso se enfrentan a cargos de corrupción en distintas formas, incluyendo prevaricación y malversación. En un proceso anterior, el Juzgado de Instrucción número 6 de València había decidido procesar a estas 11 personas, pero había sobreseído la causa contra Rafael Blasco, al considerar que no había pruebas que lo involucraran en la adjudicación de contratos sospechosos.

La investigación que originó el caso surgió de una querella presentada por EUPV ante la Fiscalía Anticorrupción. Según los cargos, Sergio Blasco habría montado un esquema en el que empresas bajo su control se beneficiaban de contratos públicos mediante subcontrataciones ficticias, logrando así beneficios ilícitos. La falta de actividad y justificación por parte de estas empresas ha sido un punto central en los argumentos de la acusación, quienes buscan demostrar la colusión entre los acusados.