En la ciudad de València, el 14 de enero, el exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, compareció como testigo en el caso que investiga la gestión de la devastadora dana del pasado 29 de octubre de 2024, la cual cobró la vida de 230 personas en la provincia. Basset, quien fue jefe operativo del manejo de esta emergencia, reveló que no fue informado sobre la retirada de los efectivos que patrullaban el barranco del Poyo, algo que descubrió días después por vías informativas.

La declaración de Basset se llevó a cabo ante la jueza encargada de la investigación, donde se examinan las acciones de dos figuras clave: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso. La importancia de su testimonio radica en esclarecer dos puntos críticos: la decisión de retirar a los bomberos en el día de la tragedia y el posible desacuerdo en torno al envío de alertas a la ciudadanía.

El testigo llegó a los juzgados de Catarroja poco después de las 9:15 horas. Al ser abordado por la prensa sobre si había obstaculizado la emisión de la alerta esa trágica jornada, considerando que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, había señalado que había reticencias a evitar "alarmismo", Basset optó por no profundizar en la cuestión, limitándose a afirmar que haría sus declaraciones en el ámbito judicial.

Al ser cuestionado sobre su opinión acerca del envío del sistema de alerta, dijo que la necesidad de comunicarlo estaba "clara". En cuanto a su relación con Jorge Suárez ante el manejo de los bomberos, se limitó a afirmar que no hubo discusión alguna. Una vez dentro del juzgado, reiteró que no tenía conocimiento de que los bomberos habían cesado su vigilancia en el Poyo y que se había enterado de la situación a través de los medios de comunicación en días posteriores a la tragedia.