ALICANTE, 16 de junio.

Un giro significativo en el ámbito judicial se ha producido en Elda, Alicante, donde se ha decidido citar para declarar como investigado al exministro Rodolfo Martín Villa. La investigación se centra en la trágica muerte de Teófilo del Valle, un joven de 20 años que fue abatido por disparos de la Policía Armada en 1976, en un contexto de manifestaciones laborales en el sector del calzado.

La orden fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Elda, a través de una providencia fechada el 28 de mayo de 2025. En esta misma resolución, se convoca también al policía Daniel Aroca del Rey, fijando sus declaraciones para el 17 y 19 de noviembre de 2025, respectivamente. Las comparecencias se llevarán a cabo mediante videoconferencia desde los juzgados de Albacete y Madrid.

Esta nueva etapa del caso surge a raíz de la querella presentada por José Antonio del Valle Pérez, hermano de la víctima, en abril de 2024. La querella, que fue admitida a trámite en octubre del año pasado, apunta a los responsables directos de la muerte de Teófilo en un periodo de intensa represión policial contra trabajadores en la región.

La organización Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme ha subrayado la importancia de estas citaciones, que se sitúan en el marco de un conjunto de más de 115 acciones legales presentadas en toda España relacionadas con crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura franquista y la etapa de la Transición.

Desde esta agrupación, se destaca que aunque se trata de un avance en la lucha contra la impunidad histórica, todavía queda un largo camino por recorrer. “A pesar de estas medidas, las políticas de impunidad institucional persisten en el Estado español”, han señalado, enfatizando la necesidad de que se tomen acciones más decididas y protocolos permanentes para abordar este tipo de crímenes.

Las organizaciones que promueven la memoria histórica valoran positivamente este desarrollo y hacen un llamado a los poderes públicos y partidos políticos para que implementen medidas concretas que permitan acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo. “Es crucial que estos hechos se conviertan en norma y no en excepciones”, concluyeron.