En una serie de acontecimientos que han generado un intenso debate en València, una familia colombiana ha decidido llevar ante la justicia una situación que califican de "violencia institucional". Los hechos habrían ocurrido el 17 de mayo de 2025, cuando los integrantes de la familia se vieron involucrados en una alteración del orden mientras caminaban por la ciudad.

La familia sostiene que la intervención policial no fue un mero exceso ocasional, sino un episodio reflejo de una conducta sistemática contra personas migrantes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Según se detalla en la querella, este tipo de actuación estaría ligada a un delito de odio, motivado por la nacionalidad y la etnia de los involucrados.

El abogado que representa a la familia, Juan Molpeceres, ha subrayado que la identificación racial de los querellantes es un elemento clave en la discusión, afirmando que hubo un sesgo por parte de los agentes que interactuaron con ellos. Según el escrito presentado ante el juzgado, se señala que la violencia ejercida tendría un trasfondo racista que ameritaría una investigación más profunda.

Los incidentes comenzaron cuando una de las mujeres de la familia, quien acompañaba a su hijo de tres años con Trastorno del Espectro Autista, se percató de la actitud agresiva que mostraban los policías hacia dos jóvenes detenidos. Tras intevenir y cuestionar la conducta de los agentes, se desató un altercado que culminó con la intervención de otros policías, quienes habrían ejercido una fuerza excesiva.

De acuerdo con el relato de la querella, uno de los agentes, tras pedir la documentación de forma hostil y no recibir respuesta adecuada, procedió a agredir a la mujer al empujarla contra un automóvil estacionado. Posteriormente, otros agentes intervinieron de manera que, según se alega, fue brutal e injustificada.

La situación escaló rápidamente, con la participación de hasta seis agentes, quienes, a su vez, habrían agredido a otros miembros de la familia que llegaron en busca de respuestas. Uno de los episodios más denunciados incluye a una mujer que fue derribada y golpeada mientras recibía insultos racistas, incluyendo comentarios despectivos que reflejan la hostilidad del trato que recibieron.

Además, los miembros de la familia fueron detenidos y trasladados en distintos vehículos, donde continuaron sufriendo insinuaciones humillantes por parte de algunos agentes. Aunado a esto, se denuncia que, al llegar a la comisaría, los detenidos fueron sometidos a más abusos y violencia, condiciones que vulneran gravemente su integridad personal.

Tras más de 24 horas en detención sin motivos claros que justificarán la prolongación de su arresto, los querellantes se encuentran ahora en búsqueda de justicia y reparación por las lesiones físicas y emocionales sufridas. Según el abogado, tales actos podrían constituir varios delitos, elaborando así un caso que plantea preocupaciones sobre la actuación y protocolos de las autoridades en situaciones similares.

Los implicados en el caso demandan que el juzgado no solo acepte la querella, sino que inicie las diligencias necesarias para investigar minuciosamente lo sucedido, buscando justicia y respuestas a un episodio que ha generado conmoción en la comunidad.