VALÈNCIA, 4 de enero de 2022.

La familia de una de las dos niñas que perdieron la vida en un trágico accidente en un castillo inflable en la feria de Mislata (Valencia) clama por avances determinantes en la investigación judicial a cuatro años del siniestro que dejó huérfanas a las familias de las pequeñas de 4 y 8 años.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, la madre de Vera, una de las víctimas, expresa su descontento ante la prolongación de la investigación, que ya alcanzó su séptima prórroga, y manifiesta su frustración por la falta de acción del juzgado correspondiente en Mislata para convocar a los responsables del incidente.

La mujer señala que el caso ahora se encuentra en manos de la Audiencia Provincial de Valencia. Tras determinar hace dos años la responsabilidad del Ayuntamiento de Mislata, dirigido por Carlos Fernández Bielsa, la Audiencia debe decidir si procede llamar a declarar a los funcionarios que se desentendieron de la seguridad de la feria o si la investigación se cerrará sin más implicados.

Desde su perspectiva, es esencial ampliar la lista de los imputados, que actualmente incluye a los feriantes, su ingeniero y un funcionario municipal, abogando por la inclusión de cualquier alto cargo del consistorio que haya jugado algún papel en la falta de atención a la seguridad del evento ferial.

En su carta, titulada 'Eso que llaman justicia', la madre subraya las irregularidades que llevaron al trágico suceso, planteando cuestiones como la falta de revisión de seguridad por parte del Ayuntamiento de Mislata, la ausencia de licencia de actividad, y la inadecuada anclaje del castillo inflable, además de cuestionar la decisión de no cerrar el acceso a los hinchables ante la advertencia de fuertes vientos.

La angustia se hace palpable en sus palabras, donde expresa la frustración de que un proceso judicial que debería esclarecer los hechos se haya estancado durante cuatro años sin culminar la instrucción. Recalca que no pueden permanecer en silencio ante la aparente falta de interés por parte del juzgado en convocar a todas las personas involucradas.

La madre enfatiza además la indignación que siente al ver cómo algunos de los responsables continúan con sus vidas como si nada hubiera ocurrido, restándole importancia a lo que ellos consideran simplemente un desafortunado accidente, mientras que el dolor permanece latente para las familias de las víctimas.

Reitera la necesidad de contar con el apoyo de la justicia, ya que no comprenden la resistencia a investigar al Ayuntamiento de Mislata en un incidente donde los informes de las autoridades y expertos independientes apuntan a una responsabilidad compartida entre los feriantes y el Ayuntamiento, que permitió la instalación de la feria sin supervisión adecuada.

La madre relata que su abogado ha enfrentado una serie de rechazos por parte de la jueza de Mislata a sus peticiones para que se citara a los concejales y técnicos municipales que deberían rendir cuentas sobre su gestión en la feria.

Con un deseo ferviente de poner fin a esta pesadilla, la madre sostiene que no sería justo aceptar una resolución que deje a la mitad de los responsables sin asumir sus culpas, y critica la posibilidad de un acuerdo que les permita olvidar a aquellos que, en su opinión, fallaron en proteger a la infancia a la que dicen cuidar.

Cita como ejemplo al expresidente Carlos Mazón, recordando cómo se aferra al poder a pesar de las numerosas víctimas a su cargo, y destaca que el alcalde de Mislata también lleva consigo la pesada carga de la muerte de dos niñas pequeñas, quienes fallecieron en un evento sin los controles adecuados que su administración debió garantizar. En este tiempo, Bielsa ha tenido la oportunidad de convocar investigaciones que arrojen luz sobre la tragedia, pero aún no ha tomado esa decisión.

El trágico accidente ocurrió el 4 de enero de 2022, cuando una ráfaga de viento hizo volcar una atracción inflable en la feria de Mislata. La niña de 8 años fue declarada muerta al día siguiente, mientras que la otra pequeña de 4 años, que sufrió graves heridas, falleció días después. Además, otros siete menores resultaron heridos en el incidente.

En la causa judicial, que investiga dos delitos de homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia, están involucrados en la investigación el propietario del castillo inflable, otro responsable de dicha atracción, el ingeniero que firmó los certificados de instalación y un técnico municipal.