En València, la fiscal delegada de la sección de delitos de Odio y Contra la Discriminación, Susana Gisbert, ha alertado sobre la normalización y el blanqueo de los delitos de odio, la homofobia y el racismo por parte de algunos partidos políticos. Gisbert ha expresado su preocupación por la incitación a la violencia que resulta de ciertos mensajes que cruzan líneas peligrosas.

En una entrevista con Europa Press, Gisbert ha destacado el aumento de condenas por delitos de odio en la provincia de Valencia, así como la mayor colaboración de ONGs, instituciones públicas y particulares en la detección de estas infracciones.

La fiscal ha lamentado la normalización de los delitos de odio por parte de algunos partidos políticos, indicando que ciertos planteamientos suelen blanquear dichos crímenes. Hizo hincapié en la importancia de un pacto entre todos los partidos para combatir este tipo de delitos, comparándolo con el consenso logrado en la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004.

Gisbert ha advertido sobre el riesgo de que los delitos de odio se conviertan en un problema político, al igual que ha ocurrido con la violencia de género. Ha subrayado la necesidad de buscar soluciones en lugar de buscar culpables.

La fiscal ha celebrado el incremento de condenas por delitos de odio en casos como el del 9 d'Octubre o los insultos racistas al jugador Vinicius en Mestalla. Destacó la importancia de la labor profesional del equipo que trabaja en esta sección.

Al ser consultada sobre las dificultades para perseguir los delitos de odio, Gisbert mencionó la infradenuncia y la falta de juzgados especializados en este tipo de crímenes. Expresó que la creación de estos juzgados facilitaría enormemente el trabajo de la fiscalía.

La fiscal ha enfatizado la importancia de la pedagogía en la lucha contra los delitos de odio, destacando la necesidad de concienciar a las víctimas de que sus experiencias son punibles y a los infractores de que sus acciones no quedarán impunes.

Gisbert señaló que las redes sociales desempeñan un papel fundamental en la difusión de los delitos de odio, tanto en casos de acción como en discursos de incitación al odio. Destacó la importancia de que las víctimas denuncien estos crímenes para que puedan ser investigados y perseguidos adecuadamente.

En este sentido, la fiscal resaltó la labor excepcional de la Policía en la identificación de usuarios anónimos en redes sociales que promueven discursos de odio, lo que permite una mayor eficacia en la persecución de los responsables de estos delitos.