VALÈNCIA, 8 de julio. La Fiscalía ha mostrado su apoyo a las decisiones de la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, quien lleva la investigación sobre la reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que causó numerosos estragos en la región. En este contexto, se ha posicionado en contra de la solicitud de evaluar la salud mental de José Ángel Núñez, director de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y también ha rechazado que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, sea llamada a declarar como investigada en el caso.

Según documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal ha remitido al juzgado que lleva la causa, en la que también están siendo investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su ex número dos, Emilio Argüeso. Entre los puntos discutidos, Argüeso había solicitado un examen forense para Núñez, pero el fiscal se opone, argumentando que la resolución actual es "ajustada a derecho".

El fiscal expone que Núñez, quien actúa como testigo en esta causa, presentó una declaración en la que consultó un documento que él mismo elaboró sobre sus experiencias laborales y personales en el periodo en cuestión. Además, señala que su incapacidad para recordar ciertos detalles no puede interpretarse como un deterioro de su capacidad mental.

Asimismo, el fiscal sostiene que corresponde a los jueces evaluar las declaraciones, especialmente tratándose de un adulto que parece tener una capacidad mental sin afectaciones, de acuerdo con su relato de los acontecimientos, que además cumple con una cronología coherente.

Sobre el recurso presentado por Vox, que demandaba la inclusión de Bernabé como investigada, el fiscal se alinea nuevamente con la jueza. Recuerda que, según la información proporcionada por la Conselleria de Emergencias, Bernabé, en su papel de directora del plan de emergencia frente a inundaciones, fue la responsable de declarar la situación de emergencia y de definir las medidas de protección pertinentes para la población.

De este modo, el fiscal concluye que la labor de la delegada del Gobierno se limitaba a coordinar entre administraciones, sin que exista responsabilidad atribuible a su gestión en cuanto a las tragedias resultantes de las inundaciones, ni que haya actuado fuera del ámbito de su cargo.

Finalmente, la Fiscalía también se manifiesta en contra del recurso presentado por la defensa de Pradas, que busca obligar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a cumplir con un mandamiento judicial que exige la presentación de su protocolo interno. Según el fiscal, el CHJ ya ha aportado información adecuada que confirma su cumplimiento, aunque la parte recurrente argumente lo contrario.

En detalle, el fiscal señala que el análisis del protocolo interno de la CHJ revela que cumple con lo estipulado en los comunicados de aviso. Este análisis implica la presentación de tablas que delinean los umbrales de aviso y los destinatarios correspondientes en función de los niveles de precipitación y otras variables relevantes.