VALÈNCIA, 17 de diciembre. La Fiscalía ha tomado una postura favorable ante la posibilidad de abrir una investigación sobre la gestión del Consell, liderado por Carlos Mazón, en relación a la devastadora dana que azotó la región el 29 de octubre, provocando un trágico saldo de 223 personas fallecidas, tres desaparecidas y causando estragos en 80 localidades de la provincia de Valencia, así como daños materiales que ascienden a cifras millonarias.

De acuerdo con informaciones difundidas por El País y corroboradas por fuentes fiscales a Europa Press, el ministerio público se ha posicionado a favor de investigar la posible responsabilidad del presidente de la Generalitat respecto a la crisis provocada por la dana.

Este pronunciamiento se produce en respuesta a una solicitud presentada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que la semana pasada envió una providencia demandando un informe en un plazo de dos días sobre la competencia del TSJCV en este caso y la posibilidad de admitir o no los escritos encaminados por las partes implicadas.

La Sala ha decidido unificar las siete denuncias y querellas presentadas hasta el pasado 13 de diciembre contra Carlos Mazón, al considerar que todas ellas tratan sobre hechos similares. Según El País, el ministerio público sostiene que la investigación debe ser única y colectiva.

La resolución del tribunal, que permite interponer un recurso, estipula que la decisión sobre el caso debe ser validada por el pleno de la Sala de lo Civil y Penal, la cual incluye a la presidenta de la Sala y del TSJCV, Pilar de la Oliva, junto a otros cuatro magistrados, siguiendo las normas de distribución de casos.

Las denuncias y querellas presentadas contra Mazón en relación con la gestión de la dana provienen de diversos actores, incluidos Iustitia Europea, que fue la primera en interponer una queja, así como dos querellas formuladas por el sindicato CGT, otras dos de abogados y otras más de ciudadanos particulares. Se ha desestimado una denuncia anónima que no contaba con firma ni designación de abogado o procurador, según informaron fuentes del tribunal superior valenciano.

Una de las denuncias más destacadas es la presentada por Iustitia Europa, mientras que el sindicato CGT había elevado una denuncia previa a la Fiscalía Provincial por un delito que agravia los derechos de los trabajadores; esta fue luego trasladada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV tras conocer la presentación de la primera querella. En relación con dos denuncias de abogados, una de ellas apunta también a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

En el ámbito penal, se encuentra en espera de resolución un asunto de competencias por parte de la Audiencia Provincial entre los Juzgados de Instrucción número 15 y 20 de Valencia. Esta situación se origina a partir de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias contra responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Aemet y la Agencia Valenciana de Emergencias, que fue inicialmente asignada al Juzgado de Instrucción número 15, pero este se inhibió en favor del Juzgado 20, al ser el primero que abrió diligencias sobre el fallecimiento de un ciudadano durante las inundaciones.

El Juzgado 20 rechazó la inhibición, considerándola "prematura" y sin encontrar en esta fase procesal un "nexo causal" entre los hechos descritos en la denuncia y la muerte de un vecino de La Torre esa noche de inundación. Así, será la Audiencia de Valencia la que decida a qué instancia le corresponde la instrucción definitiva.

Además, a mediados de noviembre, se registró una querella interpuesta por la organización Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Esta se encuentra actualmente inadmitida por defectos formales, ya que no se presentó un poder especial, sino uno general. De acuerdo con el TSJCV, esta inadmisión se debe a un defecto procesal que puede ser subsanado, lo cual ha sido apelado por la parte querellante.

Por otra parte, se ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el alto tribunal valenciano por inacción, en relación con la Presidencia de la Generalitat Valenciana y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. A finales de noviembre, este recurso fue admitido a trámite y está en progreso, y la administración está obligada a remitir los expedientes administrativos según lo dictado por el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En otro recurso similar que solicitaba medidas cautelarísimas contra la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana y fue presentado por la organización Liberum, la Sección Cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV se declaró incompetente por tratarse de un recurso contra el Gobierno central, elevando la cuestión a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.