En València, el 23 de abril, la Fiscalía Provincial ha dado un paso significativo en la investigación de la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) presentada ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. Entre las acciones solicitadas, se destaca la necesidad de que la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat (AVSRE) proporcione detalles sobre la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) que tuvo lugar el 29 de octubre, la cual se realizó de manera presencial en un momento específico durante la tarde.

En un documento del 9 de abril, el fiscal solicita aclaraciones sobre la naturaleza de la reunión, contradiciendo un informe del director general de Emergencias que afirma que dicha reunión se realizó de manera simultánea, tanto telemática como presencial. Este suceso ha suscitado críticas y ha sido descrito como un “fundido a negro” por parte de algunas autoridades, lo que ha levantado más dudas sobre la gestión de la situación de emergencia.

El ministerio público ha pedido a la AVSRE que identifique a los miembros del Cecopi que asistieron de manera presencial y aquellos que lo hicieron telemáticamente. También se requiere información temporal precisa sobre el desarrollo de la reunión, así como los nombres y cargos de cada uno de los participantes en ese periodo crítico.

Adicionalmente, la Fiscalía ha solicitado información sobre el estado de preemergencia que pudo haber sido declarado en el contexto de las precipitaciones ocurridas el 28 y 29 de octubre, especificando los municipios afectados. Es crucial determinar si se activó la fase de alerta y si se llevaron a cabo reuniones con otros organismos para evaluar la situación del clima y los niveles de caudal en los ríos.

Se requiere también información sobre las alertas hidrológicas en la zona del río Magro y en la Rambla del Poyo, donde se activaron alertas a primeras horas de la tarde, además de informes que incluyan todo seguimiento realizado en la comarca de la Ribera Alta tras la declaración de emergencia 1, así como en la Plana Utiel-Requena, donde se declaró emergencia 2.

En cuanto al Cecopi, se ha pedido que se aclare quién era el director del plan especial ante el riesgo de inundaciones y los miembros del comité asesor en ese momento. La Fiscalía busca nombres concretos y funciones desempeñadas por los coordinadores y los asesores que evaluaron la situación de riesgo y definieron las medidas pertinentes para proteger a la población.

Otra solicitud incluye la entrega de informes elaborados por el equipo técnico de emergencias sobre la situación y su evolución posible, junto a datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología sobre la precipitación en tiempo real y pronósticos relacionados. Esto incluye la valoración del riesgo relacionado con presas y embalses que podrían sufrir variaciones en su nivel de agua.

Además, se requieren informes sobre el estado de las comunicaciones y la gestión de emergencias, que faciliten comprender las respuestas del 112 y otros servicios de emergencia ante las demandas de la ciudadanía. Finalmente, el fiscal ha solicitado detalles sobre las recomendaciones y órdenes emitidas por el director del plan, así como la información que se distribuyó al público durante la crisis.