En un giro inesperado, Serafín Castellano y otros 11 acusados han reconocido su participación en los hechos y han llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.

MADRID, 24 Sep.

La petición inicial de condena de 22 años se redujo a 2 años y 7 meses de cárcel para Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconsejero del PP, tras admitir su responsabilidad en el 'cártel del fuego'.

La Fiscalía informó que, luego de negociaciones previas, tanto Castellano como los otros acusados han reconocido los hechos imputados.

Durante el juicio, el fiscal le recordó a Castellano que "ha reconocido todos los hechos del escrito de acusación del Ministerio Fiscal".

Los únicos acusados que se han negado a reconocer los delitos y a negociar una reducción de penas son Rubén Mariano García, Francisco Antonio Alandí, Vicente Bosca y Manuel Bosch.

Es importante señalar que, de los 17 acusados propuestos originalmente, solo 16 están siendo juzgados debido al fallecimiento de Fernando Espejo el año pasado.

Las conformidades alcanzadas llevaron a una rebaja en la solicitud de condena por parte de la Fiscalía, pasando de 21 años a 2 años y 7 meses de prisión para Castellano y otros acusados.

El juez instructor programó el juicio para 2022, acusando al 'cártel del fuego' de presuntas prácticas corruptas en contratos para la extinción de incendios.

Según el fiscal, los acusados llevaron a cabo conductas ilícitas en contrataciones públicas relacionadas con la navegación aérea y la extinción de incendios durante un período de al menos 19 años.

El juez jubilado Manuel García Castellón mencionó que el 'cártel del fuego' habría influenciado contratos y facturaciones en beneficio de ciertas personas y empresas.

Se reveló que el ex alto cargo valenciano recibió regalos por un valor superior a 163.736,02 euros en actividades cinegéticas.

Los empresarios del cártel habrían acordado repartirse el mercado de contratación pública y planificar contratos en reuniones previas, generando un aumento artificial en los precios de licitación.

Los presuntos amaños no se limitaron a España, sino que también se extendieron a otros países, según lo informado por García Castellón.

La supuesta corrupción implicaba dádivas y regalos entregados a funcionarios y autoridades para influir en procesos de contratación.

El juez consideró que los hechos podrían constituir diversos delitos, incluidos cohecho, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.