VALÈNCIA, 31 de enero - En un reciente desarrollo que ha captado la atención de la opinión pública, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decidido procesar a Francis Puig, hermano del ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig, así como a Juan Enrique Adell Bover, quienes se desempeñan como administradores de las empresas Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL. Este proceso forma parte de una investigación más amplia sobre el uso indebido de subvenciones otorgadas por la Generalitat Valenciana para promover el valenciano en los medios de comunicación entre los años 2015 y 2018.

El magistrado, tras llevar a cabo una exhaustiva instrucción, ha llegado a la conclusión de que los hechos en cuestión podrían estar constitutivos de delitos de estafa y falsedad documental. Es importante destacar que la resolución judicial ha descartado de manera explícita la posibilidad de que se haya cometido fraude en las subvenciones, ya que la cantidad supuestamente malversada por los implicados y sus empresas asciende aproximadamente a 67.500 euros, cifra que no supera el umbral de 120.000 euros establecido para dicha tipificación delictiva en el marco legal vigente en el tiempo de los hechos, según ha informado el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana.

De acuerdo con el auto de incoación de procedimiento abreviado, al cual ha tenido acceso Europa Press, el juez ha señalado que “las conductas son relevantes en un doble aspecto, tanto cuantitativo, como se ha expresado en los hechos de la presente resolución, así como en los instrumentos utilizados: facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados Francisco Puig Ferrer y Juan Enrique Adell Bover”.

En este contexto, la resolución judicial pone de manifiesto los indicios que insinúan que los acusados emplearon facturas falsas, empresas ficticias, domicilios no reales y actividades sin conexión a las subvenciones concedidas, todo con el fin de beneficiarse de estos fondos públicos. Este escándalo resalta la relevancia de la transparencia en la administración de las ayudas públicas y la necesidad de una vigilancia constante para evitar posibles abusos.

La causa en cuestión se ha centrado en las ayudas proporcionadas por ambas administraciones autonómicas a las empresas mencionadas: Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Producción SL y Canal Maestrat. En el caso de la Generalitat Valenciana, estas ayudas estaban destinadas a la protección y difusión del valenciano, mientras que la Generalitat de Catalunya tenía como objetivo la concesión de subvenciones para la prestación de servicios en lengua catalana o aranesa.

Ante los acontecimientos, el juzgado ha otorgado un plazo de diez días al Fiscal y a las acusaciones presentes en el procedimiento para que decidan si solicitan el sobreseimiento de la causa o la apertura de juicio oral mediante la pertinente presentación de los escritos de acusación. Cabe señalar que este auto no es firme y está sujeto a posibles recursos de reforma, lo que abre la puerta a futuras novedades en un caso que, sin duda, seguirá siendo objeto de atención mediática y social.