La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su inquietud por la preocupante situación de los programas de cribado de cáncer de mama en la Comunitat Valenciana. Esto ocurre tras las denuncias de la oposición que indican que más de 90.000 mujeres no han sido convocadas para realizarse mamografías. García ha exigido acceso a información completa sobre estos programas para llevar a cabo una "evaluación global" en el país.
En una conferencia internacional sobre la gripe en València, la ministra hizo hincapié en las advertencias emitidas por el PSPV y Compromís en relación con posibles demoras en los cribados de cáncer de mama. La Conselleria de Sanidad, por su parte, ha apuntado a un “abandonar” de estos programas por parte del anterior gobierno de la coalición del Botànic.
García recordó que el Ministerio de Sanidad ya había solicitado información a las diferentes comunidades autónomas después de detectar problemas en los protocolos en Andalucía. En el caso de la Comunitat Valenciana, se cuestionó “qué ha sucedido” y “por qué esas 90.000 mujeres no han sido invitadas” al programa de detección de cáncer de mama.
La ministra advirtió sobre las graves consecuencias de que una comunidad deje a 90.000 mujeres fuera del programa: “Se les está privando de la oportunidad de cuidar su salud a tiempo, lo que podría llevar a complicaciones, tratamientos más agresivos y desenlaces lamentables”, declaró.
García defendió la importancia de los programas de cribado como "la base fundamental de nuestro sistema de salud", los cuales, enfatizó, solo pueden ser gestionados por la sanidad pública. Criticó a aquellos que, en su opinión, disminuyen los recursos destinados a la sanidad, lo cual afecta directamente la efectividad de programas esenciales como los que abordan el cáncer de cérvix, mama y colon, y considera que esa actitud ataca la esencia de la sanidad pública.
“Los gobiernos que no creen en su sanidad pública son, en última instancia, los que desprotegen a las mujeres”, añadió García. La ministra subrayó que su departamento ya ha solicitado a las comunidades autónomas toda la información pertinente sobre estos programas, especialmente tras los incidentes ocurridos en Andalucía. Detalló que se trata de indicadores claros de tasas de incidencia y mortalidad que deberían estar disponibles para su evaluación y análisis en conjunto.
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