VALENCIA, 3 de diciembre.

Desde diferentes colectivos sociales y sindicales se ha llevado a cabo una fuerte demanda en Valencia este miércoles, instando a la administración a poner fin a los desahucios sin alternativas habitacionales disponibles. Asimismo, piden una regulación que contenga y reduzca los altos precios de la vivienda y los alquileres, así como un mayor control sobre los apartamentos turísticos. Los manifestantes enfatizan que las ciudades deben priorizar a sus ciudadanos, no solo al turismo, y exigen una ampliación significativa del parque de viviendas de carácter público, además de detener la especulación que afecta al mercado inmobiliario.

Estas peticiones resonarán en la manifestación que se llevará a cabo el próximo sábado 20 de diciembre en la capital valenciana, bajo el lema "Por el derecho a la vivienda, ¡Ahora!", convocada por una coalición de Movimientos Sociales, Vecinales y Sindicales por la Vivienda.

La Plataforma Juntes per l'Habitatge, junto a otras entidades como València no està en venda y l'Acord Social València, han hecho públicas estas demandas en una rueda de prensa celebrada en la plaza de Manises, frente al Palau de la Generalitat. Durante el acto, corearon consignas como "Ni gente sin casa, ni casa sin gente".

En el transcurso del evento, se presentó un manifiesto relacionado con la protesta que destaca que el derecho a la vivienda impacta a todas las familias, actuales y futuras. Se subraya que "la vivienda es un desafío que afecta a cada individuo, desde quienes luchan económicamente hasta quienes enfrentan el reto de una hipoteca excesiva, y también a la juventud que no logra independizarse, así como a las personas mayores desplazadas de sus barrios debido a la constante escalada en los precios de los alquileres".

El documento señala que "ninguna persona está exenta de las consecuencias de un mercado descontrolado" y reafirma que "defender la vivienda hoy es garantizar el futuro común". Asimismo, resalta que la vivienda no debe considerarse un lujo reservado a unos pocos, sino que debe ser un derecho fundamental al que todos tengan acceso. Se hace un llamado a las administraciones pertinentes para que asuman su responsabilidad en este asunto.

Asimismo, los organizadores de la protesta solicitan la adopción inmediata de un plan de emergencia por parte del Gobierno central, autonómico y de los gobiernos municipales, que contemple medidas concretas en colaboración con organizaciones sociales. La idea es abordar el problema en su raíz y avanzar en un derecho que debería ser indiscutible.

El manifiesto también expresa la urgencia de pasar de las palabras a la acción, instando a los responsables políticos a demostrar sensibilidad y compromiso en la búsqueda de soluciones reales, dejando de lado a los especuladores del sector inmobiliario.

La crítica a la situación actual es contundente. Los desahucios continúan, los alquileres son cada vez menos asequibles, y el uso de propiedades para fines turísticos se ha tornado incontrolable. Las comunidades se ven amenazadas, mientras se incrementa el acoso inmobiliario, con un parque de viviendas públicas que dista mucho de ser suficiente.

Los convocadores de la manifestación hacen un llamado a todos los municipios a unirse el 20 de diciembre, demandando que los partidos políticos actúen de forma urgente para prorrogar y mejorar el conocido "escudo social", que caduca el 31 de diciembre. Si no se renueva, unas 60,000 familias podrían enfrentarse a la amenaza de desalojo a partir del 1 de enero de 2026.

José Luis González Meseguer, vocero de los grupos organizadores, ha indicado que esta manifestación se convoca en diciembre con el objetivo primordial de asegurar que el "escudo social" continúe y se mejore para evitar que miles de familias queden desamparadas.

González Meseguer también ha solicitado medidas para garantizar el derecho a la vivienda en toda la Comunidad Valenciana, afirmando que el movimiento por el derecho a la vivienda seguirá adelante.

Entre las demandas figura la suspensión de desahucios sin alternativas, un plan para gestionar viviendas vacías con mayores impuestos, la ocupación de viviendas sociales, la movilización de terrenos públicos, y la implementación urgente de la Ley de Vivienda, además de un programa de inspección para los apartamentos turísticos ilegales en zonas residenciales.

En cuanto a la postura del nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien ha expresado su intención de priorizar la vivienda, González Meseguer menciona que ya se han mantenido dos reuniones con la consellería competente y que están esperando convocar un encuentro con el Ayuntamiento de Valencia.

Si bien el representante de los colectivos reconoce que las declaraciones políticas son bienvenidas, deja claro que lo que se espera es que el asunto de la vivienda se despolitice y se reconozca como un derecho universal.

Finalmente, insistió en que lo que realmente se necesita son acciones concretas, comenzando por detener los desahucios, lo cual debería ser la primera prioridad, y se mostró abierto a dialogar con las autoridades siempre que haya un compromiso real para mejorar la situación, no solo paliativos o declaraciones vacías.

Por otra parte, añadió que la reducción de los precios de alquiler debe ser una segunda prioridad, solicitando la reactivación de la Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento y la expansión del parque de vivienda pública de manera efectiva y considerada.