La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat han solicitado penas severas en un caso impactante que involucra a un septuagenario acusado de asesinar y desmembrar a su pareja en Torrevieja, Alicante. Según los informes, la tragedia ocurrió el 27 de octubre de 2021, y el perpetrador, de nacionalidad finlandesa al igual que la víctima de 68 años, enfrenta la posibilidad de ser condenado a 25 años de prisión. Además, se reclama prisión permanente revisable para los hijos de la víctima, quienes han participado como acusación particular en este caso desgarrador.

Durante la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial, el acusado admitió ser el autor del crimen al responder afirmativamente a la fiscal. La acusación sostiene que el anciano llevó a cabo el asesinato con un "número de puñaladas innecesarias" y que había planeado el crimen con antelación, incluyendo anotaciones en su calendario móvil para evitar que la mujer pudiera defenderse. Tras cometer el delito, se deshizo de los restos mortales arrojándolos en contenedores y en un área deshabitada, siendo capturado por las cámaras de seguridad de un supermercado.

El acusado, que se encuentra en prisión provisional desde el 30 de octubre de 2021, enfrenta cargos por asesinato con agravantes de alevosía, ensañamiento, parentesco y discriminación de género. Esto ha motivado a la Fiscalía a solicitar una pena de 25 años de prisión, así como la inhabilitación absoluta. Además, se exige que el imputado se mantenga a una distancia mínima de 500 metros de los hijos de la víctima durante diez años tras su liberación y que les indemnice con 100.000 euros a cada uno por el daño causado.

En contraste, la acusación particular exige la prisión permanente revisable, reflejando la gravedad del caso, y demanda un total de 650.000 euros en indemnizaciones: 250.000 euros para cada uno de los hijos de la víctima y 150.000 euros para el exmarido. La Abogacía de la Generalitat, actuando como acusación popular en este caso de violencia de género, ha apoyado plenamente la petición de la Fiscalía.

Hasta el momento, se ha revelado que la relación entre el acusado y la víctima había durado cerca de año y medio antes del horror ocurrido en su hogar en Torrevieja. La Fiscalía argumenta que el crimen fue premeditado, basado en un aparente interés económico y deseo de dominio del acusado sobre su pareja. En la tarde del crimen, después de estrangular a la mujer, le infligió múltiples puñaladas, particularmente en el cuello, utilizando un cuchillo que había preparado para la ocasión.

Después de asesinarla, el individuo desmembró el cuerpo con una sierra adquirida ese mismo día y luego esparció los restos en diferentes lugares para eludir la captura. Las cámaras de seguridad han sido cruciales para establecer su participación, mostrando su presencia en las inmediaciones del asesinato y las ubicaciones de los restos desechados.

La fiscal enfatizó ante el tribunal que tanto la cabeza como el brazo izquierdo de la víctima aún no han sido localizados, lo que añade un nivel adicional de horror a este caso. Subrayó que la mujer se encontraba completamente indefensa durante el ataque y no tuvo la oportunidad de solicitar ayuda, lo que eleva la culpabilidad del acusado, quien no presentaba ningún trastorno mental en el momento de cometer el delito.

En declaraciones a los medios, el abogado de la familia de la víctima opinó que los indicios contra el acusado son sólidos, evidenciando que había planeado con anticipación cómo infligir el daño y causar el máximo sufrimiento a su pareja. Aunque existe la posibilidad de algún tipo de acuerdo con la defensa, alertó que cualquier pena que se imponga no puede ser menor a 22 años y medio dado el caso.

Chapapría también hizo hincapié en que, independientemente de la sentencia que se emita, el avance de la edad del acusado podría limitar el tiempo que realmente cumpliría en prisión. Durante su alegato, expresó el profundo dolor y shock que los hijos de la víctima experimentaron al recibir la devastadora noticia de la muerte de su madre desde miles de kilómetros de distancia, algo que es profundamente inaceptable y desgarrador.

Finalmente, el abogado de la Generalitat reiteró que el derecho a la vida de la mujer fue gravemente violado, ya que el presunto autor actuó de manera premeditada y consciente, guiado por conflictos económicos de alrededor de 900 euros que alimentaron su resentimiento y encono hacia la víctima. Este caso resuena como un trágico recordatorio de las realidades de la violencia de género y la impunidad que, a veces, parece acercarse a los perpetradores en situaciones tan abominables.