Hugo Morán insta a Mazón a comparecer ante la jueza de la dana antes de centrarse en sus planes electorales.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha solicitado al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que comparezca ante la jueza que lleva la investigación sobre la Dana, Nuria Ruiz Tobarra. Esta petición llega en un momento donde se acercan los 12 meses desde que la catástrofe afectó a numerosos municipios de la región, y Morán advierte que es fundamental que Mazón hable antes de preocuparse por su futuro político.
En una entrevista con Europa Press, Morán argumentó que la jueza ha ofrecido la oportunidad de declarar, y enfatizó que si no hay nada que ocultar, el 'president' debería hacerlo antes de centrarse en la política electoral. Subrayó que la ciudadanía valenciana está más interesada en la verdad que en las maniobras políticas del momento.
El secretario de Estado también criticó la estrategia del presidente de la Generalitat, sugiriendo que sus intentos de confusión para desviar la atención del asunto reflejan una falta de ética. Morán expuso que el Partido Popular probablemente utiliza este tipo de tácticas porque las responsabilidades que puedan asumir en el ámbito judicial son un tema delicado para ellos.
Durante el último año, Morán ha respondido repetidamente a las acusaciones y comentarios del gobierno valenciano sobre las responsabilidades relacionadas con el evento catastrófico del 29 de octubre de 2024. En su opinión, la comunicación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) se ha basado en un enfoque científico, y no en un debate político como algunos han intentado presentar.
Morán insistió en que las discrepancias sobre lo sucedido deben ser resueltas por la justicia, que es la única capaz de determinar quién es responsable. Aseguró que el MITECO fue quien gestionó la información que se proporcionó tras la calamidad, contando con la colaboración de organismos como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Asimismo, subrayó que ni la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ni el presidente de la CHJ deben enfrentar dimisiones, ya que la jueza ha podido constatar la rigurosidad de sus acciones. En su valoración, las comisiones de investigación relacionadas con la Dana deberían quedar relegadas a un plano secundario, ya que el asunto se centra ahora en responsabilidades judiciales y no políticas.
El secretario destacó que lo que se observa en las comisiones del Senado y Les Corts parece ser una táctica de defensa del Partido Popular para evitar asumir la responsabilidad que cada vez es más evidente en los procedimientos judiciales en curso. Esta dinámica se asemeja a una obstrucción de la justicia, según sus palabras.
Morán también expresó su apoyo a la idea de establecer una nueva comisión en el Congreso que aborde este tema, asegurando que es esencial que los ciudadanos reciban información imparcial sobre la situación, ya que la voz de todos los grupos parlamentarios debe ser escuchada.
Por otro lado, señaló que el MITECO no ha tenido problemas técnicos con la Generalitat Valenciana al ejecutar las inversiones necesarias para la reconstrucción post-Dana. Afirmó que ya se han puesto en marcha diversas medidas de emergencia, con una movilización de alrededor de 250 millones de euros, y que algunas de estas iniciativas ya han sido completadas.
En cuanto a la reconstrucción de los sistemas de agua y saneamiento, Morán indicó que se ha emitido una resolución provisional y se encuentra en la fase final de formalizar la solución definitiva, destacando que no hay riesgo de que los proyectos queden sin financiación.
Se mencionó que un proyecto clave para aumentar la resiliencia, ubicado en el barranco de La Saleta, ha avanzado positivamente y se encuentra cerca de su fase de licitación. Morán anticipó que otros proyectos seguirán un camino similar y confía en que para 2026 todos estén en marcha.
El secretario de Estado también opinó sobre la necesidad de pensar en una Agencia Estatal de Protección Civil, sugiriendo que España debe reevaluar cómo abordar los fenómenos climáticos extremos. Como parte de esto, el Gobierno ha propuesto un Pacto de Estado ante la Emergencia Climática, el cual, según Morán, merece un análisis detallado.
Finalmente, refiriéndose a la iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la Ley de Aguas tras la Dana, Morán defendió que el modelo actual de gestión hídrica en España es adecuado, aunque necesita ser mejor comunicado a la ciudadanía. Resaltó que la consolidación de un modelo eficiente deberá ir acompañada de una mayor participación pública en la gestión de este recurso esencial.
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