En un reciente giro judicial relacionado con la devastadora dana del 29 de octubre, la juez titular del Tribunal de Instancia de Catarroja ha decidido no archivar el caso de la exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas. La magistrada ha encontrado "indicios abrumadores" de una posible "conducta negligente" en su actuación que pudo haber contribuido a la trágica pérdida de 229 vidas durante la riada que afectó gravemente a la provincia de Valencia.

El auto judicial, comunicado el pasado viernes, argumenta que la negativa a sobreseer el caso se fundamenta no solo en que la investigación aún está en curso, sino también en la clara evidencia de negligencia. Este juicio ha sido respaldado por la Audiencia Provincial de Valencia, que ratificó la condición de investigada de Pradas, calificándola como "procesalmente inevitable".

La magistrada también cuestiona la "alegada incapacidad" de la exconsellera para tomar decisiones efectivas en lo que se considera la peor inundación desde 1957. En su defensa, Pradas argumentó que el sistema de alertas ES-Alert era desconocido para ella y que estaba sujeto a múltiples requisitos y la aprobación de técnicos. Sin embargo, la juez considera que su defensa es completamente insostenible.

El auto detalla varias omisiones por parte de la exconsellera, desde la tardía convocatoria del Cecopi hasta los retrasos inaceptables en la emisión de alertas a la ciudadanía, sin un control adecuado de los barrancos. La magistrada utiliza el término “negligencia grosera” para describir el comportamiento de Pradas, señalando no solo la gravedad de las consecuencias fatales, sino también la lentitud y la falta de efectividad en las decisiones tomadas.

En este sentido, la juez ha dejado claro que la responsabilidad no recae en la administración estatal ni en una supuesta dependencia en los procesos del Cecopi, considerando estas afirmaciones como una estrategia de defensa que desvía la atención de la evidente inacción de la Administración autónoma. Asimismo, subraya que las alertas y avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) fueron claros y existentes, desmintiendo cualquier alegación de "apagón informativo".

Además, se ha puesto de manifiesto que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, no puede ser utilizado como un escudo para exonerar a Pradas. Durante la instrucción se demostró que ella tenía el control de la situación e información vital, y que la tardanza en el envío de la alerta fue inexcusable y con consecuencias fatales.

La investigación revela que las alertas a la población llegaron tardíamente, convirtiéndose en una "inactividad manifiesta" por parte de la exconsellera. Las medidas de precaución debieron incluir la vigilancia activa y el análisis de miles de llamadas al 112 que señalaban situaciones críticas en varios puntos de la provincia, lo que hace que la falta de respuesta sea aún más incomprensible.

La magistrada también resalta que la falta de comunicación oportuna a la población agrava la situación, teniendo en cuenta la función crucial de los medios de comunicación en la difusión de información durante la emergencia. Se debió actuar con rapidez, especialmente cuando los desbordamientos de los barrancos estaban siendo reportados en tiempo real.

Un testimonio impactante fue la llamada de emergencia realizada desde Chiva, donde un padre solicitó ayuda desesperadamente mientras su familia se encontraba en peligro. Este tipo de relatos son un reflejo claro del desamparo que vivieron muchas familias afectadas por la riada, quienes no recibieron las alertas necesarias para protegerse.

La juez concluye que la falta de avisos adecuados y la tardanza en la respuesta de la administración regional son factores que indican negligencia. En un claro contraste, destaca la eficacia de la alerta emitida el 28 de septiembre para otro temporal, afirmando que tales medidas preventivas podrían haber salvado vidas en la catástrofe de octubre.

Es difícil no contemplar las numerosas vidas perdidas el 29 de octubre; muchas de ellas murieron en situaciones cotidianas mientras intentaban salvarse, lo que pone de manifiesto que la culpa no recae en las víctimas, quienes, en su gran mayoría, actuaron con valentía ante la tragedia.