VALÈNCIA, 12 de noviembre.

En un desarrollo reciente en la investigación sobre la gestión de la DANA, la jueza del juzgado de Catarroja ha solicitado a las cadenas de televisión RTVE y À Punt que entreguen material audiovisual relevante para el caso. Esto incluye un video de RTVE titulado 'Cecopi; les hores crítiques', así como grabaciones de una conversación crucial entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y otros funcionarios, que tuvieron lugar en el Centro de Coordinación de Emergencias el 29 de octubre.

De acuerdo a un auto emitido este miércoles, la magistrada ha accedido a una solicitud presentada por la acusación que representa a ACPV, argumentando que la divulgación de estas imágenes es "plenamente pertinente y proporcionada". La jueza ha señalado que la cumbre del Cecopi no se realizó de forma inmediata después de su convocatoria, lo que ha traído consigo serias consecuencias para la organización de respuestas efectivas ante la emergencia.

Además, en su auto, la jueza menciona que el retraso en la reunión impidió adoptar acciones inmediatas para proteger a las víctimas de la catástrofe en localidades como Utiel, donde muchos ya habían perdido la vida o estaban a punto de hacerlo. Lo mismo ocurrió en otros municipios afectados como l'Alcúdia y Torrent, aumentando la gravedad de la situación.

La solicitud dirigida a À Punt requiere que esta verifique y aporte al tribunal las grabaciones crudas de las declaraciones de Mazón y Salomé Pradas. Esta conversación inicia con un pedido de la jefe de prensa al presidente para que les dejen seguir hablando, ya que cuentan con imágenes que podrían ser de utilidad para la cobertura mediática de la emergencia.

En la transcripción de la conversación, Pradas describe el evento meteorológico como "una explosión, una explosión meteorológica nunca conocida en años", aludiendo a tornados y la falta de acceso a Utiel. La charla revela el caos y la confusión que reinaban en ese momento crítico, mientras Mazón intenta comunicarse con otros responsables para coordinar la respuesta.

La jueza, en su análisis, subraya la relevancia de las grabaciones como medio público y el impacto del acceso a estas en el contexto de un procedimiento penal. En sus consideraciones, menciona la Ley 2/2024, que enfatiza la importancia de la objetividad y veracidad informativa, especialmente en situaciones de crisis.

La solicitud de acceso a las grabaciones no solo busca aclarar los hechos, sino también a resaltar la seriedad de la falta de avisos a la población durante la emergencia. Se han presentado múltiples testimonios de familiares de víctimas que intentaron alertar a los servicios de emergencia sin éxito, lo que evidencia la magnitud de la tragedia.

Entre las aportaciones recientemente incorporadas al caso se encuentra una llamada de auxilio registrada por el servicio de teleasistencia, donde una hija expresa su preocupación por su madre en Utiel, que lamentablemente se confirmó como una víctima. Otro testimonio proviene de un habitante de Picanya, quien reportó su angustia al ver cómo el agua entraba en su hogar, pero dejó de tener contacto poco después.

La jueza también subraya que el aviso a la población a través del sistema de alertas se produjo demasiado tarde, casi a las 20:11 horas, cuando muchas de las víctimas ya habían sucumbido a la inundación. La situación se tornó aún más trágica para algunas familias, quienes vivieron momentos de angustia extremada mientras esperaban la llegada de ayuda.

La magistrada añade que se incorporarán a la causa los mensajes documentados por la jefa del 112 y las publicaciones en redes sociales relacionadas con la DANA, lo que podría arrojar más luz sobre la gestión de la crisis por parte de las autoridades competentes.